El ex intendente de Seguí y hoy titular de la Unidad Ejecutora Provincial, Cristian Treppo, fue liberado de culpa en una causa por falso testimonio. Al confirmarlo, el juez Pablo Vírgala criticó el "escaneo ideológico" contra sus colegas.
E
l juez Pablo Vírgala confirmó este miércoles el
sobreseimiento del ex intendente de Seguí y actual titular de la Unidad
Ejecutora Provincial, Cristian Treppo, que había dispuesto la jueza de
Garantías, Elisa Zilli, en el procesamiento del funcionario por el delito de
falso testimonio, acusado por el Ministerio Público Fiscal representado por
Franco Bongiovanni.
La Fiscalía le reprochó a Treppo haber mentido en su
declaración como testigo en el juicio que se le siguió al exvicegobernador
Héctor Alanis (PJ) y al exvicepresidente primero del Senado, Humberto Re (UCR)
por el desvío de fondos millonarios del Senado durante 1999. En esa época,
Treppo era auditor del Tribunal de Cuentas en la Cámara Alta. En el juicio que
se desarrolló en abril del año pasado, la justicia condenó a los dirigentes a
la pena de 3 años y medio de prisión.
La jueza no había hecho lugar en noviembre pasado al pedido
fiscal de elevación a juicio oral de la causa y le dictó el sobreseimiento
solicitado por el defensor de Treppo, Germán Coronel. Bongiovanni apeló la
decisión y Vírgala ratificó el sobreseimiento. Al anunciarlo este miércoles, el
juez incluyó un fuerte mensaje sobre la relación entre el Poder Judicial, el
mundo de la política, los medios de comunicación y la opinión pública.
“Aunque resulte
extraño, quiero comenzar esta audiencia leyendo un tramo, que considero por
demás aleccionador, del voto de (el vocal de la Sala Penal del Superior
Tribunal de Justicia, Daniel) Carubia en la causa ´Rossi Domingo Daniel
s/Incidente de prescripción´, causa del año 2003”, anunció el juez de juicio
Pablo Andrés Vírgala al abrir la audiencia de este miércoles en Tribunales. Además
resaltó el pronunciamiento de Zilli tildándolo de “valiente”.
Dijo Vírgala que Zilli "ha tenido el valor de sostener una postura que no es precisamente la que más aceptación genera en la opinión pública”.
Precisamente, más allá de la decisión que adoptó el juez
sobre Treppo, lo que sobresalió de su resolución resultó su toma de posición
respecto de cómo debe actuar un magistrado y qué importancia darle a lo que
dice “la opinión pública” o “la gente”.
Según registró Entre Ríos Ahora, señaló Vírgala al respecto que hay una “sociedad
hipersensibilizada” por las causas de corrupción que se ventilan en la
Justicia, y sostuvo: “Hoy, cualquier resolución judicial, condenatoria o
absolutoria, en casos de funcionarios políticos, está cuestionada siempre como
si existiera una conspiración, que vas más allá de lo que los jueces hacemos”.
Antes de plantear esa observación, citó el voto de Carubia. “Existe una concepción ciertamente maniquea de la comunidad –hastiada de los actos de corrupción de sus funcionarios públicos- que automáticamente incluye entre los corruptos a quienes se atrevan a desarrollar una crítica contra ella, por más seria y fundamentada que ésta sea, prohijando una maquiavélica actitud tendiente a justificar a cualquier costo el medio empleado para la consecución de un fin intrínsecamente valioso”.
Y antes de citar textualmente a Carubia, dijo algo más: “Parece
extraño, es cierto, pero en una sociedad hipersensibilizada, y en muchos casos
artificiosa y malintenciosamente desinformada, curiosamente en la era de la
información, me veo en la obligación de alertar acerca de esta división, muchas
veces alentada en base a intereses venales”.
“Los límites para interpretar los hechos resultan mucho más
laxos e indefinidos para la opinión pública, para el periodismo. Pero los
jueces estamos atados a un sistema muy férreo de interpretación. Tenemos
límites constitucionales que nos impiden basar nuestras conclusiones más allá
de las pruebas, más allá de los hechos efectivamente comprobados, y más allá
del Derecho y de los límites que impone el Derecho penal liberal, con estricto
respeto a las garantías”, dijo Vírgala.
En ese orden, continuó: “Siempre existen explicaciones
conspirativas que van más allá. Y nosotros, los jueces, tenemos la obligación
de fundar nuestros fallos. Y lo fundamos con un apego a eso. Hago esta
advertencia, porque en todos estos casos en los que se ventila la
responsabilidad de un político, existen estas cuestiones. Palos porque bogas,
palo porque no bogas. Y siempre atravesado por una conspiración, vaya a saber
de quién”.
“Antes de analizar los fundamentos del juez, se hace un escaneo ideológico a ver por qué dijo tal cosa, en qué se basó, o qué antecedentes tiene. Hay que leer los fallos”, sentenció el juez.
Añadió Vírgala que “en este contexto quiero destacar la
valiente labor de la doctora Zilli, porque podrá o no compartirse su criterio,
pero ha tenido el valor de sostener, aun en los momentos en que vivimos, una
postura que no es precisamente la que más aceptación genera en la opinión
pública, de la gente como gusta decirse ahora”.
El magistrado insistió en que “lo actuado por la doctora Zilli es de las pocas oportunidades en la que los jueces de Garantías pueden sobreseer. Su importantísimo rol (el de los jueces de Garantías) ha quedado desdibujado frente al avasallante espacio de la acusación pública (NdeR: el Ministerio Público Fiscal) a partir de las modificaciones operadas en el Código Procesal Penal, de modo que he de celebrar la asunción por parte de la doctora Zilli de su valiente labor en resguardo de las garantías individuales”.