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l Senado convirtió en ley por unanimidad este miércoles el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública externa, en una muestra de respaldo de todo el arco político al proceso que iniciará próximamente el ministro de Economía, Martín Guzmán. La nueva ley fue aprobada este miércoles por el Senado de la Nación en sesiones extraordinarias, una semana después de que la Cámara de Diputados le diera media sanción.

El texto recibió 65 votos afirmativos, entre ellos los de Edgardo Kueider (Frente de Todos-Entre Ríos) y Stella Olalla (Cambiemos-Entre Ríos). Hubo siete senadores ausentes. Uno de ellos fue el macrista entrerriano Alfredo De Angeli, además del expresidente Carlos Menem por el Frente de Todos; Silvia Giacoppo, Gladys González, Ernesto Martínez y Guadalupe Tagliaferri por Juntos por el Cambio; y José Alperovich, quien se encuentra de licencia.

Entre sus principales puntos, la norma enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo declara "prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera", que se calcula en unos 142 mil millones de dólares.

Autoriza al Ministerio de Economía a "incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana".

Establece que esa renuncia "no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad" de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquiera perteneciente al dominio público en el país o cualquiera localizado dentro o fuera del territorio "que preste un servicio público esencial" entre otros.

A su vez, autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital, así como determinar plazos y procedimientos de emisión y designar instituciones o asesores financieros para el proceso de estructuración.

Las comisiones que puedan cobrar los bancos o asesores financieros que actúen como agentes colocadores "en ningún caso podrán superar el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado".

Si bien oficialismo y oposición coincidieron en que la norma será una contribución importante a las conversaciones con los bonistas, el recinto de la Cámara alta fue escenario de fuertes pases de factura sobre las responsabilidades del endeudamiento.

La sesión -la primera del año en la Cámara alta- fue conducida por su presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, ya que Cristina Kirchner se encuentra a cargo de la Presidencia de la Nación por la gira europea de Alberto Fernández. 

El ministro Guzmán asistirá al Congreso el próximo miércoles 12, para exponer ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la deuda externa. Luego, hacia fines de febrero iniciará formalmente el período de reuniones e intercambios con los tenedores de deuda externa, y la segunda semana de marzo se lanzará la oferta, de modo que cuando finalice el mes se anunciarán los resultados de las negociaciones.

El proyecto aprobado por el Senado solo contempla la deuda bajo legislación extranjera, lo que, según Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) solo representa “el 45% de la deuda” y “el 15% de los vencimientos que tenemos en 2020”.

La ley abarca los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 y los títulos públicos emitidos a partir de 2016; y dispone la renuncia a invocar la inmunidad soberana contra el embargo y ejecución de determinados bienes.

El primero en defender el proyecto fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, quien denunció que en los últimos cuatro años del gobierno de Mauricio Macri hubo “un incremento desmedido de la deuda pública”, donde se pasó “del 52% al 92% del PBI”. Además, subrayó que el endeudamiento fue solo “para cubrir gastos corrientes” y “ninguna actividad que ayudara a los argentinos a mejorar su calidad de vida”.

En nombre de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado explicó que el acompañamiento de esa bancada consiste en “asegurar la gobernabilidad y no poner palos en la rueda. Estamos votando esta ley porque la oposición no está pintada al óleo. Ese 41% que representamos es el del consenso, ese que ustedes necesitan para que cuando vayan a negociar al exterior”, observó.

Según publicó Parlamentario, varios senadores de la oposición que exigieron que el Poder Ejecutivo envíe el nuevo Presupuesto, ya que actualmente rige una prórroga del que fue aprobado para 2019. 

Uno de los discursos más resonantes fue el de Oscar Parrilli (Frente de Todos), quien denunció que “en 2015 la deuda total que dejó nuestro gobierno alcanzaba el 52% del PBI, de los cuales el 12% era en dólares” y detalló que “al tercer trimestre del 2019 la deuda en relación al PBI es del 91,8%, casi un 92%”.

El jefe de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, apuntó al “relato” sobre el desendeudamiento durante la gestión kirchnerista y negó que haya habido una “gesta épica. Esto no ocurrió, nada de esto fue real. De 2005 a 2015 la deuda se incrementó en 90.000 millones de dólares”.

El peronista José Mayans reconoció que “Argentina no está en condiciones de cumplir con el pago de deuda” y que “la realidad es que hoy estamos en emergencia y estamos en default”.

Mayans recordó que la deuda de 57.000 millones de dólares con la entidad monetaria no fue debatida en el Congreso, y alertó además que ese dinero “no era para la reactivación económica sino para cubrir la timba financiera”, y fue así que “entraba la plata por un lado y salía por el otro”.