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l Comité Capital de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos emitió un comunicado que denuncia la operación del lawfare en la causa por la que el ex intendente Sergio Varisco -cuyo sector político conduce dicho comité- terminó condenado a seis años de prisión por comercio de estupefacientes. Se trata del mismo término que utiliza el kirchnerismo para denunciar las supuestas operaciones judiciales contra dirigentes de la oposición durante el gobierno de Mauricio Macri.

La traducción al español de lawfare es guerra jurídica o guerra judicial y se usa para referirse al uso abusivo de los procedimientos legales nacionales e internacionales para provocar repudio popular contra un oponente. "Está instalado entre nosotros y tiene la función preocupante y lamentable, como lo es criminalizar a la política”, señala el comunicado del comité capitalino, y agrega que el ex intendente Varisco “es una víctima de este accionar”.

En el texto, que reprodujo AIM, el Comité Capital del radicalismo recordó que “las prisiones preventivas también se han convertido en un modo de disciplinamiento o sometimiento de la política a intereses sectoriales o particulares”, al punto que “esa práctica mereció la condena del papa Francisco”. Para la UCR paranaense “los procesos judiciales se apartan de las reglas legales para lograr el objetivo de condena".

El sector que responde al ex intendente ya había coincidido con el discurso utilizado por el kirchnerismo durante años para desacreditar las denuncias de la prensa al calificarlas de "operaciones". Fue durante el mandato de Varisco, cuando el jefe comunal fue blanco de durísimos informes mediáticos por sus lazos con la banda narco de Daniel Celis. En una conferencia de prensa, funcionarios y concejales hablaron de "una maniobra tendiente a desgastarlo electoralmente en vista a las elecciones”.

El mecanismo

El comunicado del comité dominado por el varisquismo explica que en el lawfare "aparecen pactos espurios, arrepentidos que no siguen el protocolo, acuerdos tácitos o explícitos, pero siempre secretos, para favorecer la presunta delación, obstaculización permanente del derecho de defensa y del ejercicio del mismo, y negación total del principio de inocencia”.

Según el comité capital, esta modalidad "ha irrumpido en todo el mundo y tiene por función lograr el escarnio de dirigentes a los que a ciertos sectores les molestan; dirigentes que han logrado tener presencia firme en la política a través de las urnas, es decir del voto popular”.

Además, describen que “para logar el cometido del lawfare es necesario un poder judicial parcial y la acción desaprensiva de un sector de la prensa, que busca la satanización mediática previa del personaje a destruir, con el fin de la que sentencia condenatoria sea simplemente una confirmación de lo ya publicado. Poco importan los modos, los protocolos, los procesos judiciales una vez que se trazó el cometido de destruir a un dirigente político”.

"Se puede caer en situaciones tan burdas, como el hecho de que se arme una causa por un presunto delito, se desarrolle un juicio y se termine condenando por otro delito inventado a mitad de proceso, como le ocurrió a Varisco”, denuncia la UCR Paraná.

Sin embargo, desde la conducción del radicalismo paranaense se distinguen en cierto grado del kirchnerismo. “El kirchnerismo ha venido sosteniendo que sus principales dirigentes son víctimas del lawfare, pero hay un diferencia sustancial: el peronismo viene de ganar unas elecciones nacionales, mientras que Varisco, a pesar de que lo votaron 58.000 paranaenses, perdió las elecciones".

La derrota "facilitó el cometido final de esta nueva infección en el sistema judicial, republicano y político del siglo veintiuno que es, precisamente, el lawfare o guerra judicial”.

Para el Comité Capital del centenario partido “existe una verdad judicial y una verdad en la conciencia del pueblo” y afirma que “todos los paranaenses saben qué se cocinó en todo este caso, porque nadie en su sano juicio y con libertad de conciencia puede afirmar que se ha hecho justicia”.

“Tanto es así que, como dirigentes radicales nos ha ocurrido encontrarnos con decenas de dirigentes peronistas que nos admiten que la condena al ex intendente es una aberración con el fin último de destruir a una fuerza política a la que ha costado ganarle una elección”, agrega el parte de prensa radical.

“En Argentina el lawfare cobró muchas víctimas y Varisco es una de ellas”, remarcaron.

Finalmente, convocaron a "seguir luchando judicialmente para que se haga justicia, hacer las apelaciones y esperar que prime la sensatez porque se trata de mucho más que de la suerte de una persona, se trata también fundamentalmente de preservar el estado de derecho”.