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a Asamblea de productores agropecuarios entrerrianos se reunió este sábado en Villaguay y emitió un duro comunicado en el que rechazó la Ley de Solidaridad Social del gobierno nacional. Entre los puntos más destacados, los ruralistas rechazaron el nuevo esquema de retenciones impuesto por el presidente Alberto Fernández.

La jornada de debate fue convocada por las entidades gremiales que conforman la Mesa de Enlace de la provincia (Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos -FARER-; Federación Agraria Argentina -FAA-; Sociedad Rural Argentina -SRA-; Federación de Cooperativas -FEDECO-). Además, estuvieron los legisladores nacionales por PRO, Gustavo Hein y Alfredo De Angeli.

Además de productores de distintos rincones de la provincia, participaron del encuentro dirigentes de las entidades de Entre Ríos y de la Mesa de Enlace nacional. Puntualmente, estuvieron presentes -entre otros- José Colombatto y Nicasio Tito, presidente y vive respectivamente de FARER; Elvio Guía y Matías Martiarena por FAA; Walter Feldkamp por SRA y Daniel KIndebaluc por FEDECO (también secretario de Coninagro). En tanto, llegaron especialmente Jorge Chemes por CRA; y Carlos Achetoni, de FAA.

"No vemos hasta el presente que semejante sacrificio solicitado al sector, sea acompañado por los poderes del estado, ni en el ejecutivo, legislativo o judicial vemos proyectos reales que permitan terminar con privilegios o gastos superfluos, sino solo maquillajes o vagas promesas", señalaron en uno de los puntos de la declaración de la Asamblea.

La Asamblea duró varias horas y allí se expusieron las diversas y complicadas situaciones que enfrentan los productores en la presente coyuntura y se definieron una serie de conceptos y acciones a través del siguiente documento:

• Manifestamos nuestro compromiso con el trabajo, con nuestra vocación productiva, transformadora de la realidad, generando riqueza genuina, base de todo desarrollo económico que permite lograr sociedades prosperas y sin desequilibrios.
• Rechazamos el aumento de la presión fiscal, tanto en los derechos de exportación, como lo establecido por la ley de solidaridad social, y también por la caída del consenso fiscal en nuestra provincia.
• Esta nueva transferencia de recursos del sector productivo, hacia el estado, solo traerá más productores expulsados, representado un claro retroceso social, económico e incluso ambiental.
• No vemos hasta el presente que semejante sacrificio solicitado al sector, sea acompañado por los poderes del estado, ni en el ejecutivo, legislativo o judicial vemos proyectos reales que permitan terminar con privilegios o gastos superfluos, sino solo maquillajes o vagas promesas.

• Rechazamos todos los intentos de algunos sectores de la política o de la sociedad de imponer un relato sobre que el sector tiene rentas extraordinarias o no es solidario, lo que no solo lleva a posturas muy alejadas de la realidad, sino que estimula el enfrentamiento entre los argentinos.
• Como provincia diversificada en su producción planteamos la grave situación de todos los sectores: ganadería, tambo, arroz, citricultura, etc. en donde debe haber reglas claras de parte de los gobiernos nacional y provincial.
• Que además del enorme peso que se soporta por la desmedida presión fiscal, se debe resolver el impacto negativo de las tasas interés en los productores endeudados.
• El hambre en nuestro País no la generaron los sectores productivos, sino que es responsabilidad de quienes han administrado los millones de dólares que el sector ha transferido en retenciones por ejemplo, en más de 180 mil millones en los últimos 17 años, y nunca explicaron en que se gastaron.
•  Solicitamos la urgente reglamentación del Art. 52 de la Ley de Solidaridad Social de segmentación, en base a un sistema de mínimo no imponible, en forma automática, transparente, sin crear nuevos organismos o fondos especiales, que debe ser transitoria, hasta tanto el gobierno nacional establezca el cronograma de eliminación total de las retenciones, como fue el compromiso del Pte. Alberto Fernández.
• Por último mantenemos nuestro estado de alerta y movilización, facultado a nuestras entidades a realizar todas las gestiones y acciones gremiales necesarias, en pos de la defensa de los productores agropecuarios y sus familias.