E

l gobierno nacional de Alberto Fernández estudia la manera de nutrirse de dólares para pagar los vencimientos de deuda externa con plazo este año, obtener una parte de las divisas del sector agropecuario y a la vez evitar un conflicto con la ruralidad de las dimensiones del que enfrentó la administración de su actual vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, en 2008.

En la ley denominada “de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, que sancionó el Congreso a finales de 2019, el Ejecutivo quedó autorizado a elevar en porcentaje las retenciones (“derechos de exportación”) a productos del campo.

En la Rosada argumentaron, ante las críticas de las entidades y de la oposición, que las retenciones mantienen en los hechos el mismo nivel del dispuesto en septiembre de 2018 por la gestión de Mauricio Macri, cuando post corrida cambiaria estableció que los productores paguen tres y cuatro pesos –según la commoditie- por cada dólar exportado.

Las alícuotas quedaron en 33% para porotos de soja, 15% para trigo y maíz, 5% para productos agroindustriales de economías regionales definidas por el Ejecutivo nacional, 5% para bienes industriales y servicios y 8% para hidrocarburos y minería.

Ante la insistencia en el rechazo y las movilizaciones de algunas bases de productores –sin convocatorias de las entidades-, el oficialismo justicialista incluyó un artículo que habilita la segmentación de las retenciones según el tipo de productor, un reclamo histórico de algunas asociaciones como la Federación Agraria.

El Ejecutivo quedó conminado a “establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas” y a establecer “criterios que estimulen la competitividad en función de las distancias entre los centros de producción y los de comercialización”, es decir los puertos.

Evitar otro 2008

La segmentación de retenciones, que el propio presidente le confirmó a la Mesa de Enlace en un encuentro en la Casa Rosada, es la clave que encontró el nuevo oficialismo para evitar un levantamiento agrario como el que marcó al gobierno de CFK.

Alberto Fernández lo reconoció en una entrevista en TN:

“Les garanticé que los pequeños productores esta vez tendrían un sistema de reintegros que no los haga pagar como otras veces. De la 125 aprendí. Dos veces no me va a pasar. En este contexto fiscal le estamos pidiendo al campo un esfuerzo, quizás mayor al que esperaba”, admitió el presidente.

La gran crítica que recibió aquella medida de la primera administración de Cristina fue que no distinguió entre grandes, medianos y pequeños productores a la hora de cobrar las retenciones. La resolución 125/08, firmada por el entonces ministro de Economía –luego renunciado- y hoy senador de Cambiemos, Martín Lousteau, introdujo retenciones móviles que ataba el porcentaje a pagar al precio internacional de la materia prima.

Esto hacía que en el caso de la soja, si la tonelada valía 200 dólares en el mercado internacional, el productor pagase 23,5% de “derechos de exportación. La tablita de Lousteau llegaba hasta un 58,47% de retenciones si el poroto alcanzaba el valor de 750 dólares. Todo esto sin diferenciar (segmentar) las retenciones según el tamaño –y por lo tanto la riqueza o capacidad de pago- de los productores: todos pagarían lo mismo.

La histórica revuelta agraria tumbó la medida, que no logró pasar el aval del Congreso, con el recordado “voto no positivo” del entonces vicepresidente radical Julio Cobos, hoy también senador por Cambiemos. El rechazo a la 125 unió a productores rurales de todas las clases sociales.

En los cortes de rutas, asambleas y acampes podía verse desde humildes tractores de pequeños productores y arrendatarios junto a fastuosas maquinarias y camionetas de grandes propietarios y hacendados. La nueva modalidad que analiza en estos días la administración de Alberto Fernández apuntaría a evitar esa unidad y repartir el ajuste de manera diferenciada.

"Beneficiar a los pequeños”

El diputado nacional entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos) se comunicó con el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, y destacó que el funcionario de Alberto "está en permanente diálogo con las entidades de la Mesa de Enlace y otras organizaciones representativas del sector, intercambiando criterios sobre la instrumentación de las medidas”.

Según el legislador de Entre Ríos, la intención del presidente es "beneficiar a los pequeños productores y cooperativas con la segmentación de los derechos de exportación y la regionalización, contemplando las distancias a los centros de comercialización”, indicó Casaretto en declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL.