E

l histórico juicio que investigó los lazos del gobierno municipal de Paraná y una banda dedicada al narcotráfico llega a su capítulo definitivo este lunes. A las 13 en la sede de calle Urquiza de los Tribunales Federales se conocerá la decisión a la que arribaron los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango sobre las condenas o absoluciones a los más de 30 procesados.

La mayor expectativa es por el destino del ex intendente local Sergio Varisco (Cambiemos), acusado de haber capitalizado con fondos municipales a la banda narco liderada por Daniel “Tavi” Celis. La Fiscalía solicitó para el radical una pena de 10 años de prisión efectiva y una multa de 250 mil pesos, por considerarlo coautor del delito de financiamiento del narcotráfico.

Los otros políticos sobre los que pesan pedidos son el ex concejal Pablo Hernández y la ex subsecretaria municipal de Seguridad, Griselda Bordeira, por quienes los fiscales solicitaron al Tribunal sendas condenas de nueve años de cárcel y multa de 225.000 pesos.

La mayor condena podría recaer sobre “Tavi” Celis. En su alegato los fiscales José Candioti y Leandro Ardoy lo acusaron de ser el autor responsable de organizar y financiar la banda narco, en dos hechos de las dos causas. Y exigieron la pena de prisión efectiva de 15 años y 300 mil pesos de multa.

Celis es el más comprometido porque, además del alegato de Fiscalía, confesó ser el responsable de las operaciones de comercio de estupefacientes investigadas. Incluso desligó con nombre y apellido a Varisco, Hernández y Bordeira del negocio ilegal.

Otro que confesó fue Miguel Ángel “Titi” Celis, quien asumió la responsabilidad por la operación que derivó en la causa Narcoavioneta. Para los fiscales merece una pena de 12 años y 18.000 pesos de multa.

A diferencia de los Celis, en su última posibilidad de expresarse ante los jueces Varisco negó cualquier conexión con el tráfico de drogas y vinculó su acusación en la causa a motivaciones políticas que se explican en la interna de la alianza Cambiemos. El ex jefe comunal ratificó los dichos de sus abogados defensores, que habían involucrado en la causa a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Cuando se me pidió en las más altas esferas de gobierno que otros se tiraran sobre la granada, e inculpara para salvar mi conducta dije que no. No voy a delatar a nadie por cosas que no hicieron”, señaló en su descargo del viernes pasado.

Según su Defensa, la ex funcionaria le había propuesto negociar su absolución a cambio de que "entregue" al ex concejal Pablo Hernández y la ex subsecretaria de Seguridad municipal, Griselda Bordeira, también procesados en la causa Narcomunicipio.

La causa Narcoavioneta data de 2017 e inició cuando una brigada de la Policía Federal interceptó en un campo de Colonia Avellaneda el aterrizaje de una aeronave proveniente de Paraguay con 317 kilos de marihuana. La investigación ulterior y las escuchas que ya se venían practicando sobre la banda de los Celis revelaron vínculos con el gobierno de Varisco.

Así, como un desprendimiento de la primera, nació la causa Narcomunicipio. La hipótesis que guió la investigación fiscal y la instrucción a cargo del juez federal Leandro Ríos fue que desde la gestión paranaense de Cambiemos se desviaron fondos públicos para financiar el comercio de estupefacientes de la red Celis.

El financiamiento se habría producido a través de numerosas contrataciones en el municipio de empleados ligados a la banda narco; el otorgamiento a Celis, mediante allegados, del control de la Unidad Municipal número 2; y la emisión de órdenes de publicidad oficial apócrifas dirigidas a personas de su entorno.

Todo se habría hecho en base al acuerdo político entre Varisco y Celis para el trabajo de la agrupación del líder narco, el Movimiento Vecinalista del Oeste, por la candidatura a intendente del radical en la campaña electoral de 2015. El acuerdo político fue lo único aceptado por todas las partes durante el juicio, pero desde el variquismo se negó que haya incluido un capítulo vinculado al tráfico de drogas.