El voto de los entrerrianos a la emergencia de Alberto
El Senado aprobó la ley que declara la emergencia en nueve áreas, suspende por seis meses la fórmula jubilatoria, sube las retenciones a la soja y crea un impuesto al dólar turista. Cómo votaron De Angeli, Olalla y Kueider.
Se aprobó el proyecto de “solidaridad social y reactivación productiva”.
E
l Senado nacional aprobó por mayoría este sábado por la madrugada el proyecto de “solidaridad social y reactivación
productiva”, enviado al Congreso por el gobierno de Alberto Fernández, que declara la emergencia
pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
La ley se aprobó, y así consiguió sanción definitiva ya que había pasado la instancia de Diputados, con 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención, mientras que hubo siete senadores ausentes.
El sufragio entrerriano estuvo dividido entre oficialismo y oposición: Alfredo De Angeli y Stella Olalla, del interbloque Juntos por el Cambio, votaron en contra, mientras que Edgardo Kueider, del Frente de Todos, a favor. La misma tendencia se había visto previamente en Diputados.
Uno de los aspectos principales de la ley es que suspende por 180 días
la fórmula de movilidad jubilatoria que rige desde 2016, y durante esos seis
meses el Poder Ejecutivo podrá fijar trimestralmente, de manera discrecional,
el incremento de los haberes previsionales.
Además, se creará una comisión de la que participarán
legisladores y expertos para elaborar un nuevo método de actualización
jubilatoria, que será enviado como proyecto de ley al Congreso para su sanción.
Más allá de la suspensión de la fórmula, continuarán
vigentes los regímenes especiales que tienen los jueces, diplomáticos,
expresidentes, docentes, docentes universitarios, científicos y la prestación
otorgada por la “Ley Brisa” para hijos de víctimas de femicidios.
En el caso de los jueces, diplomáticos y expresidentes, la
oposición exigió tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado que no sean
exceptuados del congelamiento de la fórmula jubilatoria, pero el oficialismo se
negó a aceptar ese cambio.
Ante la fuerte polémica que se desató, el presidente Alberto
Fernández realizó un anuncio en plena sesión del Senado: comunicó que promoverá
una ley para terminar con las jubilaciones de privilegio de jueces y
diplomáticos.
Impuesto al dólar
Por otra parte, en la futura ley se crea un nuevo impuesto,
denominado PAIS (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que regirá
por cinco años. Se trata de un tributo del 30% para la compra de dólares para
atesoramiento, compras en el exterior, compra de servicios que operen en el exterior
y compra de pasajes al exterior. De este gravamen, el 70% será destinado a la seguridad
social y el 30% a obras de infraestructura.
Senado votó a la madrugada.
Según una reforma introducida en el debate en Diputados, se
exceptuó del nuevo impuesto al transporte internacional tanto aéreo como
terrestre y acuático, que sea abonado en pesos y que no tenga impacto
cambiario.
Retenciones
En cuanto a las retenciones, se sube del 30% al 33% el tope
para la alícuota de derechos de exportación de la soja; del 12% al 15% para el
maíz; y se lleva al 5% para productos industrializados de economías regionales.
Para los hidrocarburos y la minería, el techo que actualmente es del 12% baja al
8%.
"Las retenciones van en contra de nuestra Constitución y perjudican a las provincias. Son un derecho de exportación no coparticipable que tenemos que debatir”, rechazó el entrerriano De Angeli.
En la Cámara de Diputados se incorporó un agregado para
facultar al Poder Ejecutivo a establecer “mecanismos de segmentación y estímulo
tendientes a mejorar la productividad” de pequeños productores. A su vez, se
fijarán “criterios que estimulen la competitividad de la producción federal”.
Otra reforma es que el Ejecutivo deberá informar la
modificación de las alícuotas ante una comisión integrada por miembros del
Poder Legislativo, el Consejo Federal Agropecuario, y organizaciones del
sector. Las alícuotas aumentadas no serán aplicadas a los distritos declarados
en emergencia agropecuaria.
El 67% de los incrementos en las retenciones será destinado
a la ANSES, mientras que un 3% será para la creación de un “fondo solidario de
competitividad agroindustrial” para estimular la actividad de pequeños
productores y cooperativas a través de créditos. Esta compensación será
administrada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En otro orden, se eliminó del proyecto original el polémico
artículo 85, que facultaba al Ejecutivo a la “modificación, creación, fusión y
supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como la
modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y
competencias”.
En lo que respecta a los salarios, el proyecto establece la
facultad de “disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector
privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos”.
En el marco de la emergencia energética, el Ejecutivo tendrá
un plazo de seis meses para revisar el esquema tarifario, y podrá intervenir
por un año del ENRE y el ENARGAS. Se suspenden también los traspasos de Edenor
y Edesur a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
La ley ómnibus prevé también planes de regularización de
deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para pymes.
