L

uego de la ampliación de declaración indagatoria que efectuó este viernes el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco (Cambiemos), en el juicio por las causas Narcoavioneta y Narcomunicipio, comenzaron los alegatos del Ministerio Público Fiscal. Los funcionarios José Candioti y Leandro Ardoy desplegaron los argumentos que elaboraron en base a la investigación y concluyeron en que, a pesar de la negativa de Varisco, con el sindicado jefe narco Daniel "Tavi" Celis existía un acuerdo "que excedía lo político" para brindarle financiamiento que iba a parar al comercio de droga.

“No queda duda que estamos ante una verdadera organización dedicada a la comercialización de estupefacientes a gran escala integrada por múltiples integrantes. Todos los hechos relatados tienen su relato con prueba documental y testimonial”, aseguró Candioti ante los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango.

“Hay funcionarios municipales involucrados. (Hernán) Rivero estaba a cargo de la Unidad Municipal Nº2, (Miguel Cebolla) Leguizamón era el subdirector. Está comprobado que Daniel Celis controlaba la UM2”, sostuvo el fiscal General.

“Es la organización criminal más importante que hemos juzgado hasta ahora”, aseguró Candioti.

Los funcionarios iniciaron este viernes sus alegatos, que continuarán el lunes en una nueva audiencia en los Tribunales Federales de Paraná. En dicha instancia solicitarán condenas para todos los procesados, incluidos Varisco, el ex concejal Pablo Hernández y la ex funcionario de Seguridad municipal, Griselda Bordeira.

Esquema

El fiscal Ardoy se encargó de introducir la acusación de la causa Narcomunicipio, en la que Varisco, Hernández y Bordeira habían sido citados primeramente como testigos pero con el avance de la investigación pasaron a ser acusados como partícipes de la banda. 

“Desde el gobierno municipal no sólo se permitió el ingreso de personas vinculadas al narco, sino que parte de los funcionarios integraban la banda y llevaban adelante actividades ilícitas”, describió en base a uno de los informes de la PFA.

El fiscal mencionó escuchas, mensajes y comunicaciones entre los integrantes de la banda que justifican la acusación. Tal es el caso del mensaje que le manda Celis desde la cárcel a Orundes Ayala el 5 de septiembre del 2017: “Al fin una buena, arreglé con el intendente”, anunciaba "Tavi".

En esta investigación quedaron involucrados Hernán Rivero (titular de la UM Nº2), Eduardo y Nahuel Celis (hermano e hijo de “Tavi”, respectivamente) y Luciana Lemos (ex pareja del Tavi) quien declaró como arrepentida en la causa. También quedó implicado Alan Viola, agente de Tránsito del Municipio.

Lemos vivía en la casa de Celis ubicada en Don Segundo Sombra y República de Siria. La cocaína hallada en ese domicilio había llegado desde Buenos Aires con Wilber Figueroa Lagos, ciudadano peruano que se le instaló a Lemos en uno de los departamentos de atrás hasta que se materialice el pago de los kilos de cocaína.

Varisco es acusado de integrar la banda narco en carácter de financista (archivo)

Celis estaba afectado por el impacto económico que había generado en su organización criminal el hallazgo de la narcoavioneta. Por eso presionaba a Lemos para que recaude dinero proveniente de los funcionarios municipales: “Celis operaba desde la cárcel y recibía el aporte de los funcionarios”, explicó Ardoy.

“El acuerdo que aquí se intentó caracterizar como político, excedía largamente lo político”, resumió el fiscal.

Ardoy se refirió a las anotaciones que realizó el propio intendente –y que fueron secuestradas- en donde figuraban las sumas de dinero que Varisco le daba a Hernández. según la reconstrucción de los fiscales, días antes del allanamiento en el domicilio Celis/Lemos, más precisamente el 27 de abril del 2018, Bordeira y Hernández le entregaron $30.000 a la pareja de Celis.

Fue la jornada que vino el entonces ministro de Cultura Pablo Avelluto a Paraná y desde la defensa de Varisco se buscó demostrar que Varisco no tuvo nada que ver con el pago de ese dinero.

Lemos se había atrincherado en el Palacio Municipal y le mostró a los funcionarios cómo Celis la presionaba para que le entreguen dinero. Mientras tanto, tenía al proveedor Figueroa Lagos en su casa, presionándola para que le pague el cargamento de cocaína. En ese contexto es que Bordeira le dio $10.000 y Hernández $20.000, según la acusación.

“Surge el evidente conocimiento que tenían Varisco, Hernandez y Bordeira respecto a las actividades ilícitas que tenía Celis. ‘Vos y Sergio dejaron entrar la droga en el partido’, le dijo Bordeira a Hernández según escuchamos en este debate", relató el funcionario judicial en su alegato de este viernes.

"Lo que había hecho Celis era poner su organización al servicio de un grupo político en tiempos de campaña a cambio de una devolución: el manejo de la Unidad Municipal 2, contrataciones y dinero para financiar a la organización. Fue el retiro del Estado para el avance de una organización dedicada al comercio de estupefacientes”, concluyó Ardoy.

(Fuente: Análisis Digital)