E

l procurador General Jorge Amilcar García se llamó a silencio tras las fuertes declaraciones del titular del Superior Tribunal, Emilio Castrillón, quien habló sobre la presunta connivencia con la titular del Ministerio de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, en el armado de causas penales.

Ante una consulta, desde la Procuración se  indicó que no responderán a las acusaciones. Las preguntas fueron si Fiscalía daría una contestación por la misma vía (una declaración pública) y si, ante la publicidad que tomaron por parte de una autoridad judicial la supuesta comisión de varios delitos de acción pública, Castrillón sería citado por el fiscal en turno a fin de que ratifique sus dichos y se inicie una investigación formal.

“El MPF no formulará comentario alguno”, fue la escueta respuesta que el órgano que conduce García emitió a través de la oficina de prensa judicial.

Según consignó Apf, el Código Procesal de la provincia establece en su artículo 5º: “La acción penal pública se ejercerá por el Ministerio Público Fiscal, el que deberá iniciarla de oficio, siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá interrumpirse, hacerse cesar ni suspenderse salvo los casos expresamente previstos por la ley”.