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l ministerio de Salud de Entre Ríos dijo que a pesar de las marchas y contramarchas de la Nación en torno a la actualización del protocolo de actuación en casos de aborto no punible, que rige desde 2015, en la provincia “está garantizado” el derecho a la interrupción legal del embarazo en aquellos casos amparados por la legislación vigente.

Conflicto en el gobierno

Esta semana el tema atravesó al gobierno nacional y terminó con la renuncia del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. El funcionario publicó con rango de resolución ministerial una actualización del protocolo de ILE nacional vigente desde 2015.

Entre otras modificaciones e innovaciones, preveía que entre los 13 y 16 años las personas adolescentes pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de ILE, cuando esta práctica no implique un riesgo grave para su salud o su vida", y que "la objeción de conciencia no debe traducirse en obstrucción a la práctica contemplada en la normativa legal y de la que el Estado es responsable de garantizar". 

La iniciativa derivó en una derogación inmediata ordenada por el presidente Mauricio Macri de los cambios introducidos, lo cual a su vez desembocó en la renuncia del funcionario radical a la cartera sanitaria nacional.

Cabe aclarar que, aún con esa derogación, el ordenamiento legal dispuesto en 2015 a partir de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue vigente. Además, en Entre Ríos el Ministerio de Salud redactó un protocolo que responde a los lineamientos que introdujo la Corte.

La posición oficial en Entre Ríos

El Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos emitió un comunicado "frente a las marchas y contramarchas del gobierno Nacional", las que, consideró, "confunden a la población y llevan incertidumbre a los integrantes de los equipos de salud".

El ministerio a cargo de Sonia Velázquez aclaró que "el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva son derechos humanos que el estado de la provincia de Entre Ríos garantiza a través de diferentes políticas públicas”.

Según consignó Entre Ríos Ahora, en relación al Protocolo, la cartera sanitaria repasó que "la provincia en el año 2017, mediante resoluciones ministerial 2883 y 3616, lo implementa, dando cumplimiento a lo que establece el Código Penal vigente en su artículo 86, sobre la legalidad de la interrupción de un embarazo por causal salud integral o causal violación”.

Desde Salud remarcaron que así cumplen también con lo mandado por el Fallo F.A.L. de la Corte -año 2012-, que pide a las provincias instrumentar protocolos médicos para facilitar el trabajo de las y los profesionales de la salud frente a situaciones de interrupción de un embarazo.

Este Protocolo ILE (interrupción legal del embarazo) es “el instrumento de política pública que da certeza a las mujeres y personas con capacidad de gestar que sus derechos son respetados, y establece claramente criterios que protegen las prácticas de los equipos de salud de los efectores de la red sanitaria provincial”.

Salud aclaró al respecto que la actualización de Rubinstein del Protocolo ILE, luego derogada por Macri, "no modifica en nada los derechos de las personas con capacidad de gestar, ni avanza en la legislación actual, ni vulnera cuestiones relacionadas a la objeción de conciencia de profesionales que se niegan a realizar la práctica de interrupción”.

“En salud es habitual que los protocolos cuando contienen evidencia clínica y estándares jurídicos se vayan actualizando periódicamente", advirtieron finalmente desde el ministerio entrerriano.