E

l Colegio de Abogados de Entre Ríos sigue en estado de alerta y no descarta ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reclamar por una decisión adoptada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y que afecta el monto de los honorarios que perciben los profesionales que litigan con amparos.

El cálculo se hace en valor al “jurista” que establece la Caja Forense de Entre Ríos. La última actualización del jurista, en julio el valor del jurista se fijó en $620. La discusión está entre fijar el valor de honorarios entre un mínimo de 35 juristas  ($21.700) y un máximo de 50 juristas ($31.000) como base de honorarios para honorarios por la tramitación de amparos. El STJ lo fijó en 35 juristas, el mínimo. 

En base a las distintas acciones realizadas por el Colegio de Abogados, se convocó a todos los presidentes de Sección a una Asamblea Consultiva a realizarse este viernes en la ciudad de Villaguay, en la que se tomarán las decisiones que correspondan en defensa de los derechos de la abogacía entrerriana.

Además, en un comunicado enviado a INFORME DIGITAL se indicó que la Comisión Directiva dio intervención a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.). En forma inmediata, su presidente Dr. Eduardo Massot se hizo presente en la sede central del CAER a expresar solidaridad y comprometerse con la lucha de los abogados entrerrianos.

Además, se mantuvo reunión y se recibió el apoyo de la Asociación de Entidades profesionales de Entre Ríos y de la Caja Forense de Entre Ríos.

Se remitieron notas a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia para ponerlos en conocimiento de la decisión tomada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, el pasado 28 de octubre en el marco del Artículo 35 de la Ley Orgánica de Tribunales, el cual consideraron "que el Alto Cuerpo Judicial, se atribuyó funciones propias del cuerpo legislativo, contrariando la división de poderes establecidas constitucionalmente, con el fin de que determinen  las acciones que estimen corresponda instrumentar en defensa de la Constitución Provincial".

También se convocó a especialistas en derecho administrativo y constitucional quienes elaboraron dictámenes sugiriendo curso de acción a seguir abarcando tanto la cuestión jurídica como la gremial.

También se convocó a ex-presidentes de la entidad y a colegas de reconocida trayectoria y experiencia a fin de solicitarles opinión. En este sentido, se realizó una reunión con la ministra de Gobierno, habiéndole puesto en conocimiento de "las faltas cometidas por este Acuerdo Plenario, violando normas constitucionales y leyes de orden público".

"Ello en el entendimiento de que se ve afectada la dignidad de los abogados como trabajadores y el carácter alimentario de sus honorarios, razón por la cual se dará amplia difusión a través de cada una de las Secciones, medios periodísticos y redes sociales de las medidas adoptadas y a adoptarse por el C.A.E.R. ante el grave perjuicio sufrido", dijeron.