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l Senado entrerriano, con el voto del oficialismo, aprobó una declaración por la que pone de manifiesto “su repudio al Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19 del Poder Ejecutivo Nacional, por resultar violatorio de los derechos constitucionales de los trabajadores damnificados por accidentes y enfermedades laborales”. La iniciativa fue presentada hace dos semanas y tenía pedido de tratamiento preferencial, con o sin despacho de comisión.

El senador de San Salvador, Lucas Larrarte, expresó en el recinto que la medida del gobierno nacional plasmada en ese decreto fue “inesperada”, expresando que se aparece cuando el Congreso Nacional está funcionando con normalidad en tiempo de sesiones ordinarias. Se trata de una medida que introduce modificaciones en el sistema de cálculo de las indemnizaciones que deben recibir los trabajadores desde las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) cuando sufren algún siniestro.

“Ese decreto, cuando es analizado, tiene como objetivo reducir los derechos de los trabajadores. Menguar el monto a percibir, es muy malo para el trabajador. El gobierno introduce el uso de un índice para hacer los cálculos”, explicó el legislador. Con un dejo de ironía y para poner en contexto el origen de este instrumento considerado dañino para la clase trabajadora, indicó que “hace algunas semanas el presidente Macri se dio cuenta que las cosas no andaban muy bien y decidió lanzar un reperfilamiento de parte de la deuda que tenía el Estado Nacional en bonos y en pesos” y precisó que las crónicas dieron cuenta de inmediato que había un impacto sobre las aseguradoras y los fondos comunes de inversión.

Para Larrarte el decreto no es más que una suerte de resarcimiento para esos sectores perjudicando a los más débiles del sistema, que son los trabajadores. Cuestionó la violación de este decreto a normas constitucionales. Una de ellas es esencial a nuestro sistema de Gobierno, hiere la República que dice defender la administración circunstancial del Estado, porque el Ejecutivo toma para sí atribuciones que son propias del Congreso. “Este decreto no tiene ni necesidad, ni urgencia”, fustigó Larrarte.

Indicando que cuando se trató de la emergencia alimentaria, el gobierno nacional no sintió urgencias y envió un proyecto para que sea discutido por ambas Cámaras. Indicó que esto es claramente diferente cuando se trata de atender a un sector que no tiene necesidades alimentarias, pero “si un gran poder de lobby”. Para de algún modo paliar el impacto sobre las aseguradoras sintió necesidad y urgencia. No tomó esa herramienta expedita para ocuparse de las partidas alimentarias para asistir a sectores humildes.

“Ese decreto, cuando es analizado, tiene como objetivo reducir los derechos de los trabajadores. Menguar el monto a percibir, es muy malo para el trabajador. El gobierno introduce el uso de un índice para hacer los cálculos”

“Para perjudicar a los trabajadores no dudo en emitir este decreto”, afirmó. Sumó a las violaciones que promueve el decreto 669, la del principio de progresividad. Recordó que la Corte Suprema y los tribunales superiores de las provincias han reconocido en materia laboral este principio de progresividad, ya que una fórmula se puede modificar para mejorarla, “no para empeorarla”, enfatizó. Añadió que sorprendentemente con ese decreto se aplica retroactividad, perjudicando así aún más, porque apunta incluso al intento de quitar derechos adquiridos por los trabajadores.

Para el senador Larrarte no es casual que en apenas días se hayan producido fallos reparadores destinados a proteger a los más débiles y afectados por esta medida del gobierno nacional y puso como ejemplo el difundido caso del reconocido periodista Miguel Fernández (Tití), ya que un fallo en su favor declaró inconstitucional el decreto de Macri. También hubo presentaciones en contra desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

También hay un fallo en contra del decreto en Gualeguaychú. Firmaron el proyecto los representantes de San Salvador, Concordia, Uruguay, La Paz, Islas, Villaguay, Feliciano, Federal y Tala, Lucas Larrarte, Ángel Giano, René Bonato, Aldo Ballestena, Daniel Olano, Mario Torres, Miriam Espinoza, Nancy Miranda y Héctor Blanco, respectivamente. Solo votó el rechazo el bloque del Frente para la Victoria.