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e acuerdo con el análisis de las últimas diez derrotas de la Argentina ante el tribunal internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el gobierno de Mauricio Macri garantizó beneficios a la empresa española Abertis, socia hasta 2017 de la familia del mandatario en Ausol (Autopistas del Sol, acceso norte).

Abertis y el Ejecutivo renegociaron los contratos de los accesos de las autopistas norte y oeste en 2018 mientras la compañía demandaba al país ante el Ciadi.

Perfil analizó documentos del Ciadi y de Jefatura de Gabinete sobre los últimos 36 casos cerrados contra el país en el tribunal internacional. La Argentina perdió en diez de esos 36 casos, aunque fue sentenciada por montos menores a los exigidos en las demandas.

El Gobierno renegoció la concesión de las autopistas con Abertis basándose en que si avanzaba su demanda en el Ciadi (iniciada en diciembre de 2015) el Estado debería pagar miles de millones de dólares. Y el Ejecutivo renunció a litigar en el Ciadi en el caso Abertis, de acuerdo con los documentos del tribunal publicados en su web.

Pero el resultado de esa renuncia fue mejor para Abertis que para el Estado. En junio de 2018, el Gobierno le reconoció a la empresa deudas por un total de US$ 747 millones (US$ 500 millones a Ausol y US$ 247 millones a (Acceso Norte) para terminar con la demanda ante el Ciadi. 

Como parte del acuerdo, la empresa recupera esa deuda a través del cobro de peajes (ya que sigue explotando ambos accesos) hasta 2030, explicó el gerente de Asuntos Jurídicos de Vialidad, Ricardo Stoddart.

Algunos de los casos que Argentina perdió ante el Ciadi:

- Teinver SA y socias. La española Teinver SA y sus socias en Aerolíneas Argentinas demandaron al país por la estatización –planteada como “expropiación”– de la línea aérea. En 2017, el Estado fue sentenciado a pagar el 20% de lo que las compañías reclamaron durante siete años. El Gobierno de Macri pidió la nulidad de la sentencia. Ganó dos años. En 2019 el caso quedó cerrado a favor de las compañías. Aún no hay registro del pago.

- Impregilo SpA. La italiana inició distintos juicios contra el Estado en el Ciadi. El primero es de 2007 y culminó con sentencia firme en 2014. El tribunal internacional dictó una sentencia a favor de la compañía equivalente a solo el 21,2% de lo que pretendía. Recibieron bonos del Estado y con quita. Cómo el Gobierno cerró un acuerdo exprés a favor de ex socios de los Macri

- Mobil Exploration and Development Argentina. Tras 15 años de litigios (2004-2019), el tribunal internacional falló a favor de la estadounidense pero condenó a la Argentina a indemnizar a la empresa por el 38% de lo que pretendía. Se le pagó con bonos luego de acordar una quita mínima del 75% del monto.

- Total SA. A la compañía francesa le costó 12 años conseguir una sentencia a su favor. En 2016, el Ciadi dictaminó que la Argentina pagara el 28% de la suma reclamada. Un año y medio más tarde, el Gobierno cumplió. De acuerdo con la resolución 112 del Ministerio de Hacienda, a Total SA se le reconoció su deuda con los Bonar 2024 y sigue: “La compañía reajusta su pretensión indemnizatoria de manera tal que el valor nominal de los títulos públicos de deuda que se entreguen deberá representar un monto consolidado inferior en, por lo menos, el 25% del total del valor reclamado incluyendo los intereses”.

- CMS Gas Transmission Company. La empresa demandó al país en 2001 y el tribunal sentenció a Argentina en 2007 a pagarle el 51% del monto reclamado. En 2013, la empresa aceptó una quita de la sentencia del tribunal del 75% mínimo y el Poder Ejecutivo ordenó emitir bonos en dólares a cobrar en 2015 y 2017 (resolución 598 del ex Ministerio de Economía y Finanzas).

- Suez y socias. En el caso Aguas Argentinas, las empresas lograron que el Ciadi les reconociera el 88% del monto que demandaban, catorce años después. El Gobierno se mostró activo por no pagar o tratar de dilatar su ejecución y pidió la nulidad de la sentencia ante el tribunal pero perdió en 2017. Recién dos años después, en 2019, el Estado emitió los bonos.  

Proyecto entrerriano

En 2012, en la plenitud del segundo gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional por Entre Ríos, Fabián Rogel (UCR), presentó un proyecto por el cual se pide la derogación de la adhesión de la República Argentina a convenios de arreglos de diferencias en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

El CIADI “jamás emitió un fallo a favor del Estado”, dijo por entonces Rogel.

El entrerriano consideraba que “el organismo representa los intereses de las grandes empresas por sobre el de la República Argentina” e impulsó que el país abandone su pertenencia al CIADI. El proyecto también fue firmado por los entonces diputados de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, Alcira Argumedo y Jorge Arguello.

El radical señalaba como parangones las decisiones “que han adoptado otros países, o como la que tuvo siempre Brasil que jamás integró este organismo”. También rompieron con el CIADI otras naciones como Ecuador, Venezuela y Bolivia.

Al presentar su iniciativa el entrerriano recordó que fue en el gobierno de Carlos Menem, en el año 1994, cuando se dicta el decreto incorporando a la Argentina al CIADI.

“Propiciamos la recuperación de la soberanía plena en sus relaciones respecto de los inversores externos y ante los organismos internacionales, y con esto se tire abajo todo tipo de claudicación y compromiso adquirido durante la gestión de Menem”, proclamaban Rogel y los demás firmantes.

El proyecto nunca fue apoyado por el oficialismo kirchnerista ni cobró vigor en la oposición y la Argentina continuó sometida a los designios del CIADI.