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a medida cautelar que este martes dispuso la Corte Suprema Nacional para frenar el recorte de coparticipación tras el pedido de 15 gobernadores opositores por la quita de recursos derivada de las medidas post PASO de Mauricio Macri, pone presión ahora a los nueve distritos que no se tentaron con la escalda judicial. Incluso las propias jurisdicciones administradas por Cambiemos buscan la forma de no resignar fondos luego del golpe que le asestó el máximo tribunal a la Casa Rosada, que obliga a Nación a financiar con recursos propios las rebajas en IVA e Impuesto a las Ganancias.

Quedaron afuera de los tribunales los cinco distritos Cambiemos (CABA, Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Corrientes), dos peronistas (Córdoba y Chaco) y dos de sellos provinciales (Neuquén y Río Negro). Ahora, esos gobernadores y sus fiscales de Estado analizan los pasos a seguir. La opción de máxima, presentarse en la Justicia. La de mínima conflictividad, apostar a que Nación amplié el beneficio al resto de las provincias sin llegar a la una puja judicial. La intermedia: un reclamo administrativo.

Horas después de que se conociera la decisión de la Corte, el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires comenzó a trazar los primeros argumentos para plantear, primero por la vía administrativa, el reclamo a la Casa Rosada por la retracción de fondos. El segundo paso, con luz verde asegurada tras el fallo de los jueces supremos, sería presentar un amparo idéntico al de Entre Ríos planteando la inconstitucionalidad de los decretos.

Según consignó Ámbito Financiero, el esquema de María Eugenia Vidal sería copiar el texto entrerriano porque la Corte aceptó el pedido de la cautelar de ese distrito gobernado por el peronista Gustavo Bordet y luego lo hizo extensivo a las otras catorce provincias que presentaron reclamos similares.

Según los cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nación debería devolver unos 34.000 millones de pesos. Sin embargo, el máximo tribunal no se refirió a la cuestión de fondo: la inconstitucionalidad de los decretos de Macri.

En el caso bonaerense, Vidal debe apurar la decisión, ya que la oposición la aprieta y amenaza con una denuncia por no defender los intereses de la provincia. Pero lo cierto es que todos los distritos que quedaron afuera se ven obligados a sumarse a la queja.