El enganche de la luz se encamina a un proceso oral y público. El abogado del intendente y de la concejal Acevedo intenta evitar el banquillo e ir a una mediación penal. Pero ya dos magistrados decidieron juzgarlos. Insistirá en Casación.
E
l camarista Gervasio Labriola rechazó el pedido de la
defensa del intendente Sergio Varisco y de la concejal Claudia Acevedo de ir a
mediación penal y evitar el juicio oral en la investigación penal por el
supuesto delito de robo de energía a partir de una denuncia de abril pasado de Enersa.
Ante la decisión de Labriola, el defensor de Varisco y de Acevedo, Miguel Cullen, anunció que recurrirá la decisión ante la Cámara de Casación Penal, aunque también hizo reserva del caso federal. “Este caso lo vamos a llevar hasta la Corte”, anunció.
El 22 de agosto último, el juez de Garantías José Eduardo Ruhl ya había rechazado esa posibilidad, cuando acogió favorablemente la petición de la fiscal Patricia Yedro de elevar la causa a juicio oral.
Labriola refrendó aquella decisión de Ruhl, y entendió que
no se produjo ninguna violación de garantías constitucionales ni trato
discriminatorio hacia Varisco y Acevedo al pretender resolver la cuestión en
juicio oral y no en mediación penal, que es el camino que siguen todos los
denunciados por Enersa por engancharse de la línea de energía.
Cullen está en desacuerdo y exigió que “ante la misma situación, igual solución”, es decir una mediación.
Además, dijo que el conflicto ya se había resuelto: en
abril, cuando se conoció la denuncia de Enersa, Varisco y Acevedo acudieron a
las oficinas de la distribuidora de energía y saldaron la deuda por los dos
años de conexión irregular en la vivienda que ambos ocupan en calle Echagüe.
“Enersa, al hacer la
denuncia, dice que es política de la empresa solucionar estos temas sin
injerencia de la justicia penal”, señaló el abogado según consignó Entre Ríos
Ahora.
La fiscal Yedro pidió el rechazo del planteo y sostuvo que desde
el Ministerio Público Fiscal “entendemos que no se les puede brindar el mismo
trato que al resto de las personas a las que se les investiga por hurto de
energía. Estamos hablando de dos personas que están en cargos públicos. Uno,
que conduce la ciudad y una concejal en funciones”.
“Aquí la línea que divide entre la vida pública y la vida privada se diluye. Los cargos que ejercen coloca a estas personas en situación distinta que al resto de los ciudadanos”, argumentó la fiscal.
El juez Labriola resolvió, sin embargo, avalar lo resuelto por Ruhl. “La resolución debe ser confirmada porque está fundamentada y no resulta arbitraria”. Y por eso rechazó el pedido de llevar la causa para su resolución en mediación penal.
El robo investigado
El robo de energía fue descubierto por operarios de Enersa el miércoles 13 de marzo, en la vivienda de calle Pascual Echagüe 842. Hasta allí, dijeron, llegaron por una denuncia anónima. Tras el hallazgo de una conexión clandestina, el abogado de la empresa de energía, Francisco Javier Toyé, radicó una denuncia penal.