Los cuatro diputados nacionales del peronismo y los cinco de Cambiemos votaron a favor de prorrogar hasta 2022 la ley que rige desde 2002. Faculta el Ejecutivo a reasignar partidas para atender demanda alimenticia y aumenta presupuesto.
L
a Cámara de Diputados de la Nación aprobó, con apoyo del
oficialismo y de la oposición, el proyecto de ley que establece la prórroga a
nivel nacional de la emergencia alimentaria. Tras un debate de casi tres horas,
la iniciativa recibió, en la votación en general, 222 votos a favor, ninguno en
contra y una sola abstención.
Los nueve representantes de Entre Ríos aprobaron la ley:
Alicia Fregonese, Yanina Gayol, Atilio Benedetti, Jorge Lacoste y Marcelo
Monfort, por Cambiemos; Mayda Cresto y Juan José Bahillo, del bloque
Justicialista; Julio Solanas y Juan Manuel Huss, del Frente para la Victoria.
El oficialismo, según un acuerdo previo con los legisladores opositores avalado este miércoles por la Casa Rosada, contribuyó al quórum y a reunir los dos tercios necesarios para habilitar el debate del proyecto. Era necesaria esa mayoría especial porque la iniciativa no pasó antes por comisiones. Luego, también aportó los votos de los presentes, incluidos los cinco entrerrianos de la UCR y el PRO.
Bahillo, al tomar la palabra en el recinto, pidió “que el incremento presupuestario que promueve el proyecto de ley llegue a todas las provincias” y solicitó incorporar un artículo para establecer que “los fondos sean coparticipables”. El ex intendente de Gualeguaychú fue uno de los 13 firmantes del proyecto que se votó.
Solanas también se pronunció en la sesión. "El gobierno de Macri fue creando en sus años de gobierno este contexto de emergencia promoviendo la destrucción de la industria, el empleo, la educación, el salario de los y las trabajadoras, las jubilaciones, y sólo se ocupó de crear negocios financieros a costa de casi cinco millones de argentinos que han caído debajo de la línea de pobreza e indigencia”, soltó.
El proyecto en debate
El proyecto plantea la prórroga hasta el 31 de diciembre del año 2022 de la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108/2002 e impulsa la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.
Asimismo, la iniciativa establece "un incremento de
emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del
corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación
y nutrición".
Según el proyecto, a partir del 2020 se facultará al Jefe de
Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas
presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de
alimentación y nutrición.
Para ello, se tomarán como referencias mínimas el aumento de
la variación porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del
Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica
Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC).
Definiciones
Daniel Arroyo (Red por Argentina) calificó como “una
catástrofe” la situación social en el país, que “se ha agravado en los últimos
veinte días por la caída de la actividad económica y el aumento de los
alimentos”. Definió al proyecto de emergencia como una ley necesaria “para
garantizar lo mínimo, que es el abastecimiento de comedores escolares y
comunitarios”.
Desde la bancada oficialista, el diputado Héctor Flores puso
el acento en destacar los esfuerzos del Gobierno para luchar “contra una
pobreza estructural que lleva décadas en la Argentina y no se resolvió cuando
la Argentina crecía a tasas chinas y la soja estaba a seiscientos dólares la
tonelada”.
Carlos Castagneto (FpV-PJ) consideró que “volver a tratar esta ley después de tantos años es una consecuencia de la falta de decisión política del gobierno nacional para incrementar las partidas presupuestarias alimentarias”.
Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, admitió sentir “una
sensación contradictoria: por un lado, la satisfacción de poder darle una
respuesta institucional a un problema acuciante; por otro, que hoy
lamentablemente tenemos un país en emergencia, donde llega tarde esta política
pública”.
Desde Somos, Victoria Donda afirmó que “la emergencia
alimentaria es una crisis que tiene como responsable a Mauricio Macri”, sentenció.
Nicolás del Caño (PTS-Frente de Izquierda) refirió que “se
trata, quizás, de la crisis más grave desde el 2001. Estamos discutiendo una
ley que es un paliativo pero no resuelve el problema del hambre”.
En representación de la Izquierda Socialista-FIT, Mónica
Schlotthauer expresó que la Argentina “está en indigencia y a punto del
colapso” y responsabilizó a los gobernantes porque esta ley “está vigente hace
17 años y nadie gobernó para que se acabe el hambre sino para intereses de los
exportadores”. Como medidas propuso “nacionalizar el comercio exterior” y
criticó la ley porque “el hambre no va a parar, son migajas”.
En nombre del Frente Renovador, Marco Lavagna enumeró “cosas muy específicas: el aumento del presupuesto, pasar la ración alimentaria de 27 a 50 pesos, eso va directo a los comedores, directo a los chicos; y la apertura de los colegios los siete días de la semana”.
El titular del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner,
consideró que “no es ilógico pensar que estamos en una emergencia alimentaria
porque es una consecuencia de la falta de crecimiento y de un plan económico
que ha fracasado. El objetivo es llegar con alimentos y medicamentos a los
sectores más vulnerables”, añadió el diputado salteño.
El jefe de la bancada del Frente para la Victoria–PJ,
Agustín Rossi, dijo: “celebro que el oficialismo nos esté acompañando. Que la
Cámara de Diputados decida sesionar, en un clima de tenue tensión social, para
abordar los problemas de la economía diaria, seguramente será bienvenido por
gran cantidad de sectores sociales”.
El jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, resaltó “hoy estamos prorrogando una ley. Es cierto que podía ser por decreto. Pero el proyecto que vamos a aprobar plantea que la emergencia alimentaria llegue hasta 2022 y corresponde que sea el Congreso el que defina ese plazo. Con errores y aciertos hemos atendido la política social”.