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l último jueves de agosto se llevó a cabo una reunión en la Secretaría de Trabajo de la Provincia entre la conducción de los cuatro gremios con representación en el municipio de Paraná y funcionarios de la administración encabezada por Sergio Varisco. Más allá de la dilación que efectivamente consiguió la actual administración municipal –planteando no analizar todavía salarios, porque el aumento otorgado en el año superaría el índice inflacionario, lo que fue rotundamente desmentido por los gremios– en el encuentro se analizaron otros temas, que luego quedaron expresados en el acta correspondiente.
Uno de esos puntos fue la denuncia del “vaciamiento de mobiliario en diferentes unidades del municipio”, especialmente en la Nº 2, lo que se suma a “la falta de condiciones de higiene y seguridad en diferentes reparticiones que ponen en peligro la vida de los trabajadores”, entre otros aspectos.
La afirmación de los dirigentes sindicales no tuvo nada de casual, sino que fue un reflejo de la profunda preocupación que causa en algunos trabajadores el panorama que presentan las herramientas de trabajo del municipio. Los empleados municipales dan cuenta de una cantidad importante de camiones recolectores que están “desmantelados”, al igual que la existencia de “herramientas de trabajo arruinadas, faltantes y destrozadas intencionalmente”, consignó Uno.
Denuncias sin respuestas
Si bien los trabajadores de estas reparticiones prefieren no dar a conocer su identidad por temor a represalias, las entidades gremiales sí han hecho las denuncias, sin que se corrobore por parte de las autoridades municipales ninguna tarea de control o de investigación al respecto. La imagen que acompaña a esta nota, provista por esos trabajadores, es reciente y da cuenta de esa situación, que va de la mano con la creciente deficiencia en el sistema de recolección de residuos en Paraná, que resulta observable a simple vista, en un proceso que se profundizó tras la derrota de la actual administración municipal en las elecciones generales del 9 de junio.
De acuerdo a datos conocidos tras esa elección, al momento de los comicios el Centro Integrador de Servicios Ciudadanos ya había gastado el 95 % de su presupuesto anual, aproximadamente 286 de los 300 millones de pesos previstos para su funcionamiento durante todo 2019.
Por su parte, los trabajadores plantean un panorama desolador. Aseguran que existe una considerable cantidad de camiones recolectores parados y fuera de servicio en las unidades ya que, explican, no hay presupuesto para repararlos. A esto se suma que comenzaron a ser desmantelados. “A los camiones les sacan las baterías, autopartes, el combustible... Nadie se hace cargo y tampoco las autoridades controlan ni llevan un inventario”, explican dando cuenta de una situación que configuraría, cuanto menos, un incumplimiento de los deberes de los funcionarios encargados de custodiar el patrimonio municipal. Sería más grave todavía si, como algunos entienden, hay una omisión deliberada de ese control para afectar las distintas áreas de servicios municipales.
“Es un tiempo donde todo se complica. Nos dicen que no hay plata para comprar los repuestos hasta que se abra una licitación y después para que los arreglen en los talleres. Hay muchos camiones que los llevan a arreglar y como la Municipalidad no paga no los entregan. También hay personal de vacaciones y gente que no vino más. Si se nos rompe algún vehículo tardan varias semanas en arreglarlo, si tenemos suerte y si lo hacen”, explicó uno de los empleados municipales preocupado, al fin de cuentas, por su fuente laboral.
