La emergencia alimentaria entró con firma entrerriana
Diputados nacionales presentaron el proyecto de ley para que Nación aumente partidas para asistir nutricionalmente a la población más vulnerable. Entre las 13 rúbricas está la del entrerriano Juan José Bahillo. Podrían tratarla este jueves.
La ley que reclamaron los movimientos sociales ingresó en Diputados.
D
iputados de la oposición lograron consensuar un proyecto para declarar la emergencia alimentaria y pedirán sesión especial para el
próximo jueves a las 11 con el fin de aprobarlo sobre tablas, aunque
necesitarán para ello los votos de los dos tercios de los presentes, algo que
no podrán conseguir sin la anuencia de Cambiemos.
La iniciativa ingresó este lunes a las 19.10 por Mesa de
Entradas de la Cámara baja con 13 firmas, correspondientes a representantes del
Frente de Todos,el bloque Justicialista, los puntanos de Unidad Justicialista
y los misioneros del Frente Renovador de la Concordia.
Uno de los firmantes es el entrerriano Juan José Bahillo (B. Justicialista), que había participado la semana pasada de la cumbre de legisladores opositores con dirigentes de movimientos sociales y gremiales. A aquel encuentro asistió su compañera de provincia y de bancada, Mayda Cresto, aunque la concordiense no puso la firma para el texto ingresado este lunes.
El proyecto consensuado prorroga hasta el 31 de diciembre de
2022 la emergencia alimentaria nacional, que vence el 31 de diciembre este año,
según la Ley 27.345 de Emergencia Social, sancionada en 2016 y también extendida íntegramente por el mismo período.
La iniciativa dispone “un incremento de emergencia” de, como
mínimo, el 50% de las partidas presupuestarias vigentes este año
correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
Cresto participó del encuentro con movimientos sociales donde se debatió la ley.
También se faculta al jefe de Gabinete a que, durante la
vigencia de la emergencia alimentaria, actualice trimestralmente estas partidas
presupuestarias, tomando como “referencias mínimas” el aumento de la variación
porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del IPC y la
variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC.
Se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a
“disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las
decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia
alimentaria y nutricional”.
Los firmantes de la iniciativa en nombre del Frente de Todos
son Agustín Rossi, Felipe Solá, Leonardo Grosso, Victoria Donda, Daniel Arroyo,
Carlos Castagneto, Carla Pitiot, Cecilia Moreau y Alejandra Rodenas. Además de
Bahillo, suscribió Carolina Moisés por
el bloque Justicialista; Jorge Franco por el Frente Renovador de la Concordia
misionero; e Ivana Bianchi por Unidad Justicialista.
“La declaración de la emergencia alimentaria y nutricional
es una demanda que ha sido reclamada por gobiernos provinciales y municipales,
partidos políticos, la CGT y diversas centrales sindicales, iglesias,
movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, universidades y
centros de estudios”, enumeraron los legisladores.
“Logramos unificar un proyecto de emergencia alimentaria para ser tratado el jueves en sesión especial. La oposición está unida y decidida a aprobar la emergencia alimentaria porque entendemos que es una necesidad urgente”, afirmó Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y advirtió que “el Gobierno debería tener la responsabilidad de hacerse cargo de este problema que ellos generaron y tomar medidas urgentes antes del jueves. De no ser así, avanzaremos con la sesión especial para darle media sanción”.
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, señaló este lunes tras una reunión con la cúpula de la CGT que “la emergencia alimentaria depende del Congreso”, con lo cual descartó que el Gobierno vaya a declararla por decreto, consignó Parlamentario. Asimismo, según trascendió, el Gobierno y la CGT hablaron de la posibilidad de implementar una “tarjeta alimentaria” para desocupados.
Cabe recordar que la semana pasada, a través de la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, la gestión de Gustavo Bordet comprometió su respaldo a la iniciativa.
Pese al consenso entre las distintas bancadas opositoras, dos diputadas y un diputado del kirchnerismo radicaron su propio proyecto. Son Fernanda Vallejos, Verónica Mercado, y Sergio
Leavy (Frente para la Victoria-PJ), que proponen que la emergencia se prorrogue hasta el 31 de diciembre del año 2022, es decir dos años más que la otra ley acordada. Además, impulsa la creación del Programa de Alimentación y
Nutrición Nacional.
El texto de la norma solicita, al igual que la otra, que “se disponga un
incremento de emergencia como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de las partidas
presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas
públicas nacionales de alimentación y nutrición”.
