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a oposición de extracción justicialista en la Cámara de Diputados de la Nació anticipó que pedirá la semana próxima una sesión especial para avanzar con la declaración de la emergencia alimentaria, si el Gobierno nacional no toma medidas al respecto en la brevedad.

Legisladores del FpV-PJ, el bloque Justicialista, el Frente Renovador, Red por Argentina, Movimiento Evita, Argentina Federal, Frente de la Concordia Misionero, Unidad Justicialista y Somos escucharon el reclamo en ese sentido de referentes de las organizaciones sociales

De los nueve diputados por Entre Ríos, cuatro respaldan la iniciativa: Juan José Bahillo y Mayda Cresto, del interbloque Argentina Federal; y Julio Solanas y Juan Manuel Huss, del Frente para la Victoria. Los otros cinco representantes de la provincia en el recinto reportan a Juntos por el Cambio.

Los diputados anticiparon tras el encuentro con movimientos sociales que trabajarán en la unificación de un solo proyecto, ya que hay cinco iniciativas presentadas. El objetivo central de la ley es garantizar el acceso a los alimentos a la población de alta vulnerabilidad. Para eso dispone aumentar los recursos destinados a los comedores escolares y extender los programas de escuelas secundarias.

En ese orden, entre otras acciones, faculta al Poder Ejecutivo para que adopte medidas necesarias "para ampliar y acelerar la compra y distribución de alimentos".

Si se convoca a la sesión, la oposición estaría en condiciones de llegar al quórum, que precisa de 129 legisladores. Sin embargo, en caso de que el oficialismo baje al recinto con el quórum logrado, la sanción podría complicarse. Como se trataría un proyecto sin despacho de comisiones, se requieren dos tercios de los presentes para aprobarla. Si el macrismo, que junta encima de 100 votos, se opone, el peronismo no alcanzaría la cifra.

Cautela

La reacción de la Casa Rosada al reclamo es moderada. La primera respuesta del gobierno de Macri es que la ley no es necesaria, porque rige la de Emergencia Social. Por otra parte, anticiparon que en caso de que el proyecto sea aprobado no será vetado por el presidente. Eso sí, aclaran que si la ley se implementa será la próxima administración quien deba hacer frente a los costos, en un mensaje al equipo económico de Alberto Fernández. 

Desde Nación señalaron que desde 2017 rige la Ley de Emergencia Social, que creó el salario social complementario (equivalente a la mitad del sueldo mínimo, vital y móvil) como unidad de medida para los planes para desocupados.

La norma, sancionada en diciembre de 2016, rige desde mayo del año siguiente hasta el 31 de diciembre de 2019. El Gobierno podría acelerar una prórroga y aumentar algunas de las partidas presupuestarias. Para hacerlo, explicaron los funcionarios, se requerirá coordinación entre Nación y las provincias que son corresponsables de las políticas de seguridad alimentaria.