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a jueza federal Beatriz Aranguren, a cargo de la causa conocida como Área Paraná II, concedió la excarcelación al médico condenado por delitos de lesa humanidad Hugo Mario Moyano, con una fianza de 2 millones de pesos.

Las querellas -al igual que la Fiscalía- se opusieron al beneficio, por lo cual aún no se ha hecho efectivo, y quedaron a la espera de la resolución de la Cámara de Apelaciones. Desde H.I.J.O.S. repudiaron la medida de la jueza "que deja cerca de la libertad a una de las piezas claves del terrorismo de Estado en la provincia, que todavía debe rendir cuentas por muchos de sus crímenes de lesa humanidad", indica su comunicado enviado a INFORME DIGITAL.

En esta causa se investigan diversos hechos cometidos durante la dictadura cívico militar en Paraná. Moyano se encuentra imputado por el delito de imposición de tormentos: en su rol de médico garantizaba la aplicación de torturas a los militantes detenidos ilegalmente en centros clandestinos de detención de la capital entrerriana.

"No sólo no brindaba atención médica, sino que aportaba su conocimiento a los torturadores para que pudieran continuar con su tarea macabra", advirtieron desde la organización de defensa de los derechos humanos.

Por hechos de la misma característica, Moyano ya fue condenado a 10 años de prisión en la Megacausa Área Paraná I. HIJOS cuestiona que "los recurrentes y excesivos planteos dilatorios de los defensores de los represores hicieron que la pena ya esté cumplida, por la cantidad de años que pasó con prisión preventiva".

Moyano goza desde hace años del beneficio de la prisión domiciliaria, al que ahora se suma el de la excarcelación.

Las querellas, entre ellas la de H.I.J.O.S Regional Paraná, presentaron un recurso apelando la excarcelación. La Cámara había denegado el mismo pedido en febrero de este año. A más de un año de la declaración de los testigos, hace apenas unos días se clausuró la etapa de producción de prueba. "Estaríamos en condiciones de presentar alegatos", manifestaron desde la agrupación.

Según HIJOS, la dilación es responsabilidad de los coimputados de Moyano en este proceso y de la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Paraná. "El tiempo juega a favor de la impunidad. El Poder Judicial tiene la obligación de juzgar con celeridad a los responsables del terrorismo de Estado, y así brindar reparación a las víctimas que esperan desde hace más de 40 años", agregaron.

"Exigimos que se revoque esta injusta medida. El único lugar para un genocida es la cárcel común", concluye HIJOS Paraná.