El diputado Sergio Kneeteman (UCR en Cambiemos) propone una ley para establecer la obligatoriedad de los debates previos a las elecciones provinciales, con sanciones para el candidato que no cumpla. El Tribunal Electoral fija la modalidad.
I
ngresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto
de ley que dispone que en la provincia se implemente un debate obligatorio de
candidatos a gobernador. La autoridad de aplicación será el Tribunal Electoral
de la Provincia, que dispondrá la fecha, la hora y la modalidad en acuerdo con
los candidatos. Es impulsado por el diputado Sergio Kneeteman (UCR en
Cambiemos) y prevé sanciones para aquel postulante que no participe.
La iniciativa establece que se implemente “entre los
candidatos a Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, el Debate Preelectoral
Público y Obligatorio a fin de que la ciudadanía pueda contar con mayores
elementos informativos en vista del ejercicio de su derecho a voto”.
“Los candidatos oficializados a Gobernador de la Provincia estarán
obligados a participar del debate público en el que expondrán al electorado las
propuestas relativas a sus respectivos planes de gobierno”, se indica en otro
párrafo y se establece que “el debate tendrá lugar entre 10 y siete días
corridos anteriores a la fecha de la elección”.
Kneeteman, autor de la iniciativa.
El proyecto dispone que la Autoridad de Aplicación de la norma será el Tribunal Electoral de la Provincia de Entre Ríos, que tendrá a su cargo la puesta en marcha del debate, indica el comunicado del legislador enviado a INFORME DIGITAL.
Modalidad
En el cuarto artículo se dispone que “la fecha y horario del debate, así también como su modalidad en relación a los tiempos, derecho a réplica, preguntas y los temas a tratar serán acordados en una audiencia entre los candidatos y sus apoderados, convocada por la Autoridad de Aplicación”. En el caso de no mediar acuerdo entre las partes, será el Tribunal Electoral el que determine “fecha, horario, modalidad y temas del debate, comunicando debidamente la decisión tomada a los candidatos y sus apoderados”.
También la Autoridad de Aplicación tendrá la potestad de
elegir “el lugar para la realización del debate, sus moderadores y los
mecanismos para la participación presencial del público”. Además tendrá a su cargo la elaboración de “un reglamento
por el cual se establecerán la estructura y la dinámica bajo las cuales se
desarrollará el debate, procurando el trato igualitario entre los candidatos y
la igualdad en el tiempo de exposición y de réplica de cada uno de ellos. El
orden de exposición de los candidatos se determinará por medio de un sorteo
público”.
En otro de los artículos se establece que “las
organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los principios
democráticos y los derechos humanos, y las instituciones académicas podrán ser
convocadas por la Autoridad de Aplicación con el objetivo de colaborar en la
definición de los temas del debate”.
Financia Provincia
En cuanto al financiamiento, se dispone que “se imputará a las partidas asignadas al Ministerio de Gobierno los gastos que implique el cumplimiento de la presente ley”.
Por otra parte, el proyecto da cuenta de las sanciones a los
postulantes que se nieguen a participar del debate: “La negativa de alguno de
los candidatos a participar en el debate público obligatorio supondrá la
imposición por parte de la Autoridad de Aplicación de una sanción económica que
será determinada en la reglamentación de la presente”.
Finalmente, en el proyecto del diputado Sergio Kneeteman se
detallan los mecanismos que se pondrán en marcha para garantizar que todos los
electores tengan la posibilidad de ver o escuchar a los candidatos en el
debate.