E

l fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó los pasos que estudian los gobernadores para reclamar a Nación por las medidas económicas que, según denuncian los mandatarios opositores, perjudicarán los ingresos provinciales: el planteo de inconstitucionalidad y una medida cautelar son las acciones en carpeta por parte del funcionario entrerriano, quien coordina la estrategia entrerriana con la de las otras provincias.

En declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL, Rodríguez Signes se refirió a los reclamos que los gobernadores de la oposición estudian realizar ante la Justicia, tras la decisión el Poder Ejecutivo nacional de eliminar el IVA en varios productos y establecer mejoras en Ganancias, que son impuestos coparticipables a las provincias por lo cual verían disminuidos sus ingresos.

En ese sentido, precisó que “en el plano legal hay dos aspectos, uno de fondo y otro de forma. El de fondo es que estos impuestos, Ganancias e IVA, son coparticipables, es decir, forman parte de los tributos que recauda la AFIP y que se distribuyen entre la Nación un porcentaje y las provincias otro porcentaje; y después la coparticipación secundaria entre las provincias”.

Añadió que todo esto “está regulado jurídicamente y se llama derecho intrafederal, el cual se conforma a través de leyes convenio: Primero firman convenio los gobernadores con la Nación, después la Nación eleva al Congreso un proyecto de ley, el Congreso lo trata y las provincias lo ratifican por leyes provinciales”.

Al respecto, afirmó que “lo que hizo el Poder Ejecutivo fue modificar los tributos por decreto, cuando ni siquiera lo podían hacer por una ley común, sino que había que hacerlo por ley convenio, como se hicieron todos los pactos fiscales”.

Para el fiscal, “esta fue una decisión a apurada, producto del resultado electoral”.

En cuanto al aspecto de forma, indicó que “procesalmente es competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los caminos procesales son distintos”. A su entender, en este caso correspondería “la acción de inconstitucionalidad, que es un tipo de proceso donde se cuestiona la contradicción entre lo que dice la Constitución y lo que dicen los decretos; y probablemente con alguna medida cautelar”.

Articulación

“Los fiscales estamos intercambiando ideas, información y escritos como para que las provincias tengan un texto más o menos común entre todas. No hacer una sola presentación, ya que cada provincia tiene que hacerlo individualmente en la Corte, pero si tener un argumento común”, explicó el funcionario de Entre Ríos.

En este caso, consideró que la Corte debería despachar una medida cautelar “dada la urgencia. No sé realmente si va a prosperar, pero si las provincias obtienen un triunfo jurídico la Nación tiene que devolver los fondos”.

Esto último, “va a ser una decisión de fondo de la cuestión, no va a ser inmediato”, advirtió, por lo que “acá lo que resolvería el problema sería una medida cautelar”.

Más deudas a Entre Ríos

Por otro lado, en el caso de Entre Ríos, Rodríguez Signes mencionó que a ello se sumaría que “la Nación tiene muchas deudas con la provincia. Por ejemplo, el sistema carcelario, ya que las unidades penales de la provincia alojan detenidos del fuero federal y por convenio la Nación tendría que pagar eso y no lo está pagando; deudas del IAPV, de Vialidad; es decir, hay muchos rubros en los cuales la Nación está adeudando importantes sumas de dinero a la provincia”.

Sobre ello, hizo notar que la demanda que interponga Entre Ríos podría incluir también estas deudas.

“Los decretos son groseramente inconstitucionales. Cualquier juez se da cuenta que esto no se puede hacer por decreto. En principio, toda cuestión tributaria corresponde al Congreso de la Nación. Ni siquiera lo puede hacer el Poder Ejecutivo por vía de decreto de necesidad y urgencia”, sentenció Rodríguez Signes.