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a devaluación del 30% del peso de comienzos de semana azotó las cuentas de los municipios entrerrianos. Pero la situación, según analizan por estos días en sus despachos de finanzas, se agravó con el paquete de medidas que anunció -sin consultar a ningún otro estamento de gobierno, cuestionan- el presidente Mauricio Macri durante la semana.

Al igual que se salió a denunciar desde el gobierno provincial, en las intendencias se advierte que la mayor parte del financiamiento del pack de políticas destinadas a aliviar al bolsillo popular proviene de fondos coparticipables de las provincias y, a partir de ellas, de las comunas.

Algunos presidentes municipales ya ajustaron los cálculos y anticiparon el ajuste que deberán implementar en las ciudades. Lo hicieron con críticas al gobierno nacional, entre otros, Martín Piaggio, de Gualeguaychú; Silvia Moreno, de Feliciano; y Claudia Monjo, de Villaguay.

En esta última ciudad, que perderá alrededor de 5,6 millones de pesos por la reducción de partidas de coparticipación, según estiman en la intendencia, Monjo se concentrará en que no se resientan los servicios básicos, como recolección de residuos, provisión de agua potable, servicios de cloacas, alumbrado público, y limpieza. En cambio, admitió que se deberán retrasar los plazos de las diferentes obras públicas.

Piaggio, por su parte, también admitió que el recrudecimiento de la crisis impactará en las obras en curso. El intendente anunció la paralización de más de diez obras en la ciudad, para atender “situaciones más urgentes haciendo foco en los niños, las niñas y los adultos mayores”.

Concordia en emergencia

En Concordia la crisis golpea fuerte el bolsillo de la población y las cuentas del municipio se ven afectadas con la pérdida de coparticipación, al igual que las demás.

Sin embargo, en la gestión de Enrique Cresto consideran que fue una buena movida la declaración de la emergencia social a comienzos de agosto, que allanó el andamiaje administrativo para la atención de urgencias sociales debido a la situación económica.

La ordenanza aprobada con polémica prevé la reducción de cargos políticos, el achicamiento y refuncionalización de estructuras burocráticas y administrativas y la ratificación del congelamiento de ingresos a planta permanente.

A partir de la medida Cresto mantendrá, asimismo, "la incorporación de personal únicamente por concurso público, el estricto control de los diversos gastos que diariamente realizan las áreas municipales y el fortalecimiento de los programas sociales".

Con la ordenanza Cresto quedó facultado para realizar reasignaciones y transferencias presupuestarias entre distintas áreas de gobierno, lo que, según evalúan en la gestión, despeja trabas consideradas burocráticas para destinar recursos de manera más ágil a sectores vulnerables que las requieren con premura, más aún con el agravamiento de la situación económica que se produjo la semana pasada.

Críticas

La aprobación de la emergencia generó cruces entre el oficialismo y la oposición. Desde Cambiemos, la edil Magdalena Reta de Urquiza cuestionó, por caso, que las empresas con deudas se puedan presentar a licitaciones, como fue admitido en el artículo 7 de la ordenanza.

La concejal indicó que “presentando una nueva modificación al Presupuesto nosotros lo habríamos acompañado”, sin necesidad de las previsiones de la emergencia.

Por su parte, Carlos Rapuzzi, secretario Gremial de la Unión Obreros y Empleados Municipales de Concordia, advirtió que “quieren tirar a los viejos por la ventana” por el artículo que habilita a “realizar de oficio los trámites que resulten pertinentes para que acceda a la jubilación ordinaria el personal de planta permanente”.

También criticó la posibilidad de comerciantes y proveedores morosos de ser contratados por la Municipalidad, “cuando a cualquier hijo de vecino para sacar un carné de conductor debe tener el libre deuda en condiciones”, manifestó el gremialista.

Desde la administración crestista, en tanto, valoran que con la emergencia “el municipio pudo atender las crecientes demandas sociales, no detener la ejecución de las obras públicas adjudicadas y que están en marcha en este período, y garantizar el equilibrio financiero”.