Acusan al Fiscal de Estado de defender negocio inmobiliario

l Bloque de Concejales del Partido Justicialista (PJ) de Gualeguaychú emitió un duro comunicado contra la idoneidad del fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, quien se había manifestado sobre a la situación judicial del barrio náutico Amarras del Gualeguaychú y sobre el nuevo decreto que determinará las distancias de las fumigaciones respecto a las escuelas rurales de la provincia.

Tras el fallo de la Corte Suprema sobre el caso Amarras, el funcionario opinó al respecto: “Creo que hay que aclarar una cosa: la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en un amparo que interpuso el doctor (Julio) Majul, que fue declarado inadmisible (por le Superior Tribunal de Justicia), más por cuestiones formales que por otra cosa”, explicó.

“Y la Corte, creo interpretar, dice: más allá de las cuestiones formales, analicen la cuestión de fondo, de acuerdo a parámetros de defensa del ambiente y demás… pero no dice ‘resuélvalo a favor o en contra’. Entiendo que esa es la interpretación de la Corte respecto a un proceso en particular que es el amparo que interpuso Majul”, analizó.

Las declaraciones del funcionario se dieron el lunes en distintos medios de comunicación y 72 horas después, desde el Municipio se hizo trascender el comunicado que, entre otras cosas, asegura que el Fiscal de Estado defiende los intereses “de las corporaciones que nos envenenan y los negocios que destruyen nuestros ríos”, en referencia a las pulverizaciones en los campos y al barrio náutico que se construye en Pueblo General Belgrano, publicó el diario El Día.

“Hace apenas unos días, se conocía el fallo de la Corte Suprema de la Nación sobre un tema que tuvo en vilo nuestra sociedad por largo tiempo. Se encontraban en pugna, por un lado, el interés colectivo de una comunidad, para vivir en un ambiente sano y saludable, y por otro, millonarios intereses económicos asentados en un mega emprendimiento inmobiliario. La sentencia del supremo tribunal, no solo estuvo a la altura de las expectativas de nuestra ciudad, sino que además sentó un fortísimo precedente en materia de cuidado y protección del ambiente”, sostiene el comunicado.

Y, enseguida, apunta a los dichos de Rodríguez Signes. “Nos produjo una profunda y severa preocupación escucharlo. Ante todo, porque éstas declaraciones no son inocentes”, aseguraron los concejales peronistas –no todos, Guillermina Guastavino se manifestó en contra–, explicaron el rol del Fiscal de Estado –defensor del erario público y los intereses del Estado provincial–, y dispararon con munición gruesa: “Rodríguez Signes se expresó como si fuera representante de los intereses de grupos minoritarios y privilegiados. Indudablemente, su concepto de patrimonio es netamente mercantilista y no avizora ni en su frontera más lejana el ambiente sano y la implicancia que este tiene en la salud y la dignidad de las personas”.

“Nos resta pensar que su posición no es desinteresada, lo cual no sería un problema, si no fuera porque el interés que defiende es el de las corporaciones que nos envenenan y los negocios que destruyen nuestros ríos”, dice el comunicado que también representa la posición del Ejecutivo municipal. Tas lo cual cuestiona “la tibia postura adoptada por el Estado Provincial en este tema”.

“Consideramos que las declaraciones de Rodríguez Signes tienen por objeto condicionar las decisiones del Gobernador, ya que advierte la responsabilidad patrimonial que pueda existir en el caso Amarras a partir del fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, apuntaron, en referencia al expediente administrativo que todavía tiene que resolver el Ejecutivo provincial.

“Es escandaloso que el Fiscal de Estado de nuestra Provincia se refiera a temas tan delicados y costosos a la salud y la vida del pueblo entrerriano, acá no hablamos del interés patrimonial del Estado de la Provincia Entre Ríos, estamos hablando de la salud y la vida de los vecinos y vecinas que lo componen”, indicaron desde el PJ.

“Debemos establecer los privilegios en cabeza de nuestros vecinos y vecinas y, de una vez por todas, erradicar la tibieza que, por acción u omisión, siempre termina inclinando la balanza en favor de los poderosos. Desde el lugar que ocupamos, somos categóricos: Amarras es ilegal; los agrotóxicos matan”, finaliza el comunicado.

“Estoy acostumbrado a este tipo de situaciones. Imaginate que fui concejal de Paraná –1995 a 1999–, fui diputado –1999 a 2003–, participé del juicio político a (Sergio) Montiel en 2002. Es decir: comprendo este tipo de visión y posicionamientos desde lo político”, expresó el Rodríguez Signes al diario El Día. Y, seguidamente, argumentó: “Lo que hago es un análisis objetivo, yo no digo ‘Amarras sí, Amarras no’, lo que dije, es que hay dos procesos en trámite: uno que es el judicial, en el marco del amparo de (Julio) Majul, expediente en el que la Corte Suprema se expidió, pero no dictó una sentencia definitiva sino que reenvió al Superior Tribunal de Justicia la causa, para que dicte una nueva sentencia y le dio determinadas pautas respecto a lo que es el tema ambiente; y otro, que es el expediente administrativo, en el cual la Municipalidad de Gualeguaychú es parte, porque se le dio intervención”.

“Yo no hago juicio de valor, hago un análisis objetivo de los dos expedientes. A mí no me corresponde decidir la cuestión del proceso del amparo, le corresponde a la sala penal del STJ”, se defendió Rodríguez Signes, y agregó: “tampoco digo en qué sentido lo va a resolver, porque no lo sé, porque no me corresponde opinar”, consignó el diario El Día.

Con respecto al rol de la Fiscalía de Estado en este asunto, dijo: “ya hicimos lo que teníamos que hacer, que fue contestar la demanda –Majul demandó a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, a Amarras y a la Provincia–, y planteamos el rechazo de la misma por cuestiones de admisibilidad de la vía, ya que, por la complejidad de este tipo de conflictos, el amparo no es la vía”, indicó. Y, en esta línea, se mostró escéptico respecto a lo que resolverá el STJ: “(el amparo) es una vía rápida, no es compatible con una apertura a prueba, que desnaturalizaría lo que es el emparo”, consideró.

Por otro lado, consultado por la durísima acusación de la que fue blanco, Rodríguez Signes aseguró: “No sé cuál es el motivo de la agresión o de la intensidad de las declaraciones, pero yo no hago más que describir una situación procesal, pero el fondo de la cuestión no me corresponde. Es más, el expediente administrativo no lo resuelvo yo, lo resuelve el gobernador de la provincia y no en base a los informes de Fiscalía, sino en base a los informes de la Secretaría de Ambiente. Porque acá está en juego una cuestión ambiental y no de puro derecho, donde Fiscalía podría tener una palabra mucho más importante”.

“De todas formas estoy dispuesto a dar esa discusión con los concejales y a reunirme en los ámbitos que sea necesario. No le escapo al debate, porque no tengo ningún interés particular en esta cuestión, eso que quede clarísimo. Ni siquiera conozco a los empresarios que hicieron la inversión de Amarras, no sé quiénes son”, remarcó. Y, con la misma intensidad, se refirió al tema de las fumigaciones y las distancias a las escuelas rurales: “Con el tema agroquímicos nosotros tomamos una posición absolutamente imparcial, totalmente objetiva. Es más, hay que trabajar con información científica. Si cualquiera va a decir cualquier cosa y la afirman como si fuera la verdad absoluta sin tener evidencia científica es muy difícil lograr un equilibrio”.