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a Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) expresó su rechazo a la creación del “Servicio Cívico Voluntario en Valores” por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Resolución 598/2019, dirigido a jóvenes de 16 a 20 años de edad. Mdiante un comunicado que dieron a conocer en las redes sociales, desde la casa de estudios consideraron que el programa es un retorcesos en el país y una amenaza a la protección de los derechos de niños, niñas y jóvenes.

“Creemos que este hecho constituye un fuerte retroceso para nuestro país y el camino que hemos trazado como sociedad desde el retorno democrático, así como una amenaza para la protección de los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes”, dice el comunicado.

Y agrega: “Desde el Ministerio Seguridad han fundamentado que “el compromiso (del organismo) con los jóvenes consiste en trabajar por una Argentina sin narcotráfico, donde el resguardo de la vida y la libertad de quienes podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad social sea prioritario; por ello, el Servicio Cívico Voluntario en Valores nace como una herramienta para brindar oportunidades”.

"Creemos que el Estado Nacional, como política de resguardo de la vida y la libertad de los jóvenes vulnerables, debe fortalecer el sistema educativo público, garantizar el derecho al empleo y generar medidas positivas de inclusión. Esta medida, por el contrario, delega aquellas funciones a una fuerza de seguridad (Gendarmería Nacional) cuyos objetivos institucionales son otros”, se remarca.

A su vez, sostienen que: “En un contexto de fuerte retroceso en materia de inversión educativa por parte del Estado Nacional, de crisis social y de pérdida sostenida del empleo, la creación del Servicio Voluntario en Valores reaviva discusiones ya saldadas en nuestro país, estigmatiza a los jóvenes vulnerables, des-responsabiliza al Estado de sus obligaciones esenciales”.

“Por la fuerte presión pública ejercida por la sociedad argentina, el Servicio Militar Obligatorio fue suspendido mediante un decreto firmado por el entonces Presidente de la Nación Argentina, Carlos Saúl Menem, el 31 de agosto de 1994 y comenzó la implementación de un sistema de voluntariado rentado. Su cese fue consecuencia del asesinato del soldado conscripto Omar Carrasco, a los pocos días de haber ingresado a la llamada «colimba». El caso Carrasco no fue excepcional, sino la expresión más cruda de un sistema de violencia institucional que la Argentina no podía permitir tras el retorno democrático”.

"Creemos que el Estado Nacional, como política de resguardo de la vida y la libertad de los jóvenes vulnerables, debe fortalecer el sistema educativo público, garantizar el derecho al empleo y generar medidas positivas de inclusión. Esta medida, por el contrario, delega aquellas funciones a una fuerza de seguridad (Gendarmería Nacional) cuyos objetivos institucionales son otros”

“Es aquella violencia institucional la que ha vuelto a irrumpir con mayor virulencia en estos últimos 3 años, con dolorosos hechos que han implicado la muerte violenta, los castigos físicos y las detenciones arbitrarias de jóvenes en todo el país. Los casos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Ferreira, Matías Alderete y los adolescentes de San Miguel del Monte, por mencionar los casos más resonantes, y la «Doctrina Chocobar» ponen de manifiesto un contexto de retroceso en materia de garantías básicas del Estado de Derecho que nos preocupa. Las universidades públicas, en distintas oportunidades, nos hemos expresado al respecto y queremos hacerlo en este caso también”, señalan más adelante.

“Como Universidad Pública  queremos expresar que trabajamos cotidianamente junto con las instituciones de educación inicial, media y secundaria, así como con las escuelas de oficios, clubes deportivos y espacios culturales. Queremos que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes ingresen y permanezcan en nuestras aulas, acompañados en su trayectoria por profesionales de la educación que se han formado para ello. La educación pública argentina atraviesa una situación compleja en términos de financiamiento y desinversión, los y las docentes en materia salarial. La comunidad educativa en general (estudiantes, padres, madres, trabajadores, docentes) siente las consecuencias de la crisis social y económica que atraviesa nuestro país. Por ello, más que nunca, necesitamos reafirmar el valor de la educación pública inclusiva y de calidad.”.

Rechazo a declaraciones de Bullrich

En otro párrafo, en el comunicado también se cuestiona que “la resolución de creación del Servicio Cívico Voluntario establece que será el Ministerio de Seguridad el que ‘determinará a través de sus áreas competentes la articulación con profesionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil que considere adecuados, para el acompañamiento y monitoreo’. Históricamente las Universidades Públicas nos hemos involucrado plenamente en los debates que atraviesa nuestra sociedad y, por ello, nos preocupa el grado de arbitrariedad de esta disposición y su instrumentación. Referentes de la cultura, los derechos humanos, la educación, organizaciones políticas y sindicales, han expresado su preocupación y repudio. Nos sumamos a este parecer y exigimos la revisión de esta medida. En este marco queremos, además, rechazar lo expresado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un importante medio radial donde señaló que ‘Gendarmería hoy es la institución más valorada en nuestro país, la número uno, mucho más valorada que cualquier otra, más que la educación pública’”.

“El reconocimiento regional e internacional al sistema educativo argentino, especialmente universitario, es un motivo de orgullo para nuestro pueblo. Han sido nuestras instituciones públicas de educación superior quienes posibilitaron la formación de investigadores/as, científicos/as y profesionales que nos enorgullecen en el mundo por sus aportes en las más diversas disciplinas”, se remarca.

“En el marco de la Conferencia Regional de Educación Superior y del Centenario de la Reforma Universitaria, sostuvimos que ‘las instituciones de educación superior están llamadas a ocupar un papel preponderante en la promoción y el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas, rechazando las dictaduras y los atropellos a las libertades públicas, a los derechos humanos y a toda forma de autoritarismo en la región’. Por ello, en consonancia con nuestra historia de luchas y compromisos, en defensa de la institucionalidad democrática de nuestro país es que decimos no al Servicio Cívico Voluntario”, finaliza el documento.