Jorge De Breuil entregó a la Justicia carpetas con documentación por la causa sobre contrataciones falsas en la Legislatura. Fue amigo y aliado del senador Guastavino durante su vicegobernación.
En 2008 De Breuil (foto) y Guastavino crearon una empresa constructora, inmobiliaria y de inversiones.
J
orge De Breuil entregó dos carpetas amarillas, contestó
preguntas de los fiscales y pidió volver después de la feria judicial para una
nueva ampliación de imputado. Lo hizo acompañado por Miguel Cullen y Guillermo
Vartorelli, sus abogados defensores, a las 9.45 en las oficinas del Ministerio
Público Fiscal.
La primera vez que fue citado por los fiscales Patricia
Yedro e Ignacio Aramberry para que preste indagatoria, De Breuil se abstuvo de
declarar. Eso ocurrió los primeros días de febrero de este año.
Se dio a conocer que el cordobés (víctima de la última
dictadura militar y quien tiene un hermano desaparecido), tiene vínculos
comerciales con Alfredo Bilbao y el exjefe del Servicio Administrativo Contable
del Senado, Gustavo Hernán Pérez.
La imputación concreta sostiene que Bilbao se encargaba de
“participar del neto de las ganancias ilícitas” (obtenidas en contrataciones
irregulares) a Pérez y De Breuil.
La hipótesis acusatoria indica, además, que
ese dinero sustraído tuvo como finalidad diferentes inversiones inmobiliarias y
agrícola-ganaderas.
De Breuil es ex preso político de la
última dictadura, residente en Córdoba y allegado al ex vicegobernador y actual senador nacional justicialista Pedro Guastavino.
En diciembre de 2005 creó la empresa La Roca SRL, junto al ex funcionario del Senado y
actual intendente de Seguí, Álvaro Cristian Treppo, para el desarrollo de
negocios de turismo y combustible, entre otros aspectos.
Los socios pasaron a
ser los hermanos Gonzalo y Hugo Alcalá, provenientes de una conocida familia de
Hernandarias, cuyo padre, al fallecer, dejó una importante herencia.
En 2008, De Breuil y Guastavino crearon la empresa Baco
Inversiones SA, como constructora, inmobiliaria e inversiones. Guastavino ya
había asumido como senador nacional y De Breuil quedó en planta permanente del
Senado provincial. Un año después, De Breuil sumó Sandebus Inversiones,
dedicada al mismo rubro que la firma anterior.
Según la justicia, en enero de
2008 comenzó a desarrollarse el sistema de contratos truchos, que comenzaron en
un número de 100, aproximadamente. En 2012, a esa firma se sumó el contador
Gustavo Hernán Pérez y quedó como presidente.
También en 2012 se generó la sociedad Las Nazarenas SA. Los
socios son De Breuil, el contador Pérez y Hugo Alcalá. La firma tiene un objeto
agropecuario, pero también turístico.
Todo indica que Bilbao, Pérez y De Breuil desarrollaron
varios negocios en forma conjunta que podrían estar vinculados a dineros
provenientes de la Legislatura.
Además de las empresas mencionadas, generaron
un fideicomiso en calle Alsina al 800 de Paraná, donde realizaron varios
departamentos. Disponen de un terreno importante sobre la ruta 12 -a escasos
metros de un conocido restaurante cercano al parque industrial de la capital
provincial- y hubo una fuerte inversión en Villa Libertador General San Martín.
Se trata de departamentos propiedad de Alfredo Bilbao, en
calle Amado Nervo al 650 de Libertador San Martín que, en la Administradora
Tributaria de Entre Ríos, también están, en paralelo, a nombre de De Breuil y
el contador Pérez. El extitular del Servicio Contable del Senado también posee
un terreno importante en Puiggari, en calle Madre Teresa de Calcuta, y tres
inmuebles en Colón al 400, en Paraná.
Pérez, Bilbao y De Breuil son investigados como socios de las inversiones, cuyo
capital original sería la sustracción de dinero de contrataciones irregulares,
según la acusación.
Los propios fiscales han contado en las numerosas audiencias
que el dinero salía de las arcas públicas y pasaba por estudios contables,
donde se tramitaban los contratos. El desvío habría sido de unos 2 mil millones
de pesos, que fueron a parar a las inversiones particulares.
Bienes embargados
En mayo hubo una audiencia en la que se expuso la
administración de cabezas de ganado y equinos, que están en un campo arrendado
del distrito Mojones, a unos 50 kilómetros de Viale y a unos 120 de Paraná.
La administración se realiza a partir de un convenio entre
la defensa de Bilbao y la fiscalía, a fin de ir liquidando los bienes. Es que
tienen que tratar de conservar el valor y, además, pagar deudas con el arrendatario.
Por eso se abrió una cuenta bancaria que administra la justicia, a donde se fue
pasando el capital como “activos de bajo riesgo”.
