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os senadores provinciales aprobaron en la tarde noche de este miércoles a un proyecto de comunicación opositor que solicita al Poder Ejecutivo provincial que prorrogue el vencimiento del impuesto inmobiliario rural y subrural, del cual el PRO denuncia aumentos de hasta el 700%.

Previo a la sesión, la comisión de Presupuesto y Hacienda le había dado despacho favorable, con firmas de las bancadas oficialista y opositora. El dictamen lo firmaron este miércoles más temprano los senadores justicialistas por Feliciano, Miriam Espinoza; Islas, Daniel Olano; y Villaguay, Mario Torres; y los de Cambiemos por Paraná, Raymundo Kisser; Gualeguay, Francisco Morchio; Nogoyá, Beltrán Lora; Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda; y Victoria, Roque Ferrari.

Cabe recordar que Mattiauda presentó un proyecto de comunicación y una nota administrativa pidiendo la prórroga de los vencimientos, hasta que se formalice la rúbrica del decreto que permite retrotraer el tributo a valores históricos, "teniendo en cuenta los exorbitantes montos que deben afrontar los propietarios de inmuebles ubicados en zonas subrurales y rurales de Juntas de Gobierno y Comunas". .

La oposición reclama al gobernador que reglamente la ley 10.637, que modifica la ley de Valuaciones respecto de la clasificación de parcelas rurales y subrurales.

“El gobernador impulsó un escandaloso aumento de impuestos que va contra la producción, y si se demora la firma del decreto y tampoco se toma una medida paliativa alternativa, Bordet será responsable de que se fundan muchos pequeños y medianos productores entrerrianos”, sentenció en su momento Mattiauda.

Para el senador, "el impacto en los anticipos de ATER con aumentos promedio del 700% genera que muchos contribuyentes no pueden afrontar sus obligaciones impositivas y quedan a la espera del decreto reglamentario que fije el valor correcto de cada partida”.

Luego, el senador del PRO acusó que el Ejecutivo no daba respuestas e insistió en la necesidad de generar el debate sobre el alcance de los ejidos municipales o comunales, ya que entre los problemas que generan el revalúo de las propiedades se encuentra la incorporación a aquellos de las zonas demarcadas como rurales y subrurales.

Otros proyectos

También la Cámara Alta aprobó en forma definitiva la creación de 50 cargos para el Servicio Penitenciario Provincial.

Se aclaró que los nuevos agentes penitenciarios deberán “abocarse con  carácter excluyente a la tarea de seguridad en las unidades penitenciarias, no pudiendo cumplir tareas administrativas ni de ninguna otra naturaleza”.

Asimismo, los senadores dieron tratamiento, con despacho de comisión al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica la ley de Procedimientos Constitucionales. 

El texto determina que “las personas humanas o jurídicas tendrán acción de amparo contra toda decisión, acto, hecho u omisión de autoridad administrativa, judicial o legislativa en ejercicio de funciones administrativas, funcionario, corporación o empleado público provincial, municipal o comunal, o de un particular, que en forma actual o inminente, amenace, restrinja, altere, impida o lesione de manera manifiestamente ilegítima el ejercicio de un derecho o garantía implícito o explícito reconocido por la Constitución Nacional o Provincial, con excepción de la libertad individual tutelada por el Habeas Corpus".

Se advirtió a su vez que si el titular del derecho lesionado "estuviere imposibilitado de ejercer la acción, podrá deducirla en su nombre un tercero”.

Pendientes

En tanto, este miércoles en la comisión de Presupuesto y Hacienda se resolvió dejar en estudio el proyecto que establece la creación del Sistema de Seguros de Caución de Garantía para Alquiler de viviendas, destinados para Empleados Públicos Activos y Pasivos.

Será a través del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos y podrá ser utilizado voluntariamente en los contratos de locaciones de propiedades urbanas en el ámbito del territorio provincial. Sobre este proyecto, se consensuó pedir un informe del Instituto.

Por último, se analizó un proyecto de autoría del senador vecinalista Pablo Canali, que busca sin efecto la obligatoriedad de contratación con el Instituto Autárquico del Seguro Provincial de Entre Ríos que se impone por ley a municipios y juntas de gobierno.