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l miércoles, la Fiscalía de Estado de la provincia presentó un recurso extraordinario ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para conseguir que se habilite el camino del recurso federal. El máximo tribunal de justicia entrerriano, deberá conceder ese planteo. De no hacerlo, la Fiscalía podrá llegar a la Corte Suprema de Justicia en queja. 

El fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, confirmó la presentación: "Esta es una decisión normal de la Fiscalía, de interponer recurso extraordinario, cuando entendemos que hay un caso federal como este". Y enseguida destacó: "No es el único curso de acción que estamos haciendo. Estamos trabajando en la elaboración de un nuevo reglamento que supere las críticas a las que fue sometido el decreto 4407, que se declaró inconstitucional".

"Creo que hay que tener en cuenta que en lo que a la provincia se refiere, a los productos de aplicación los habilita el Senasa, y este es un órgano de la Nación argentina, es decir que somos incompetentes en cuanto a habilitar o no determinado producto", afirmó, acotando que "lo que sí nos compete es garantizar que en la provincia de Entre Ríos, las aplicaciones de los productos habilitados por el Senasa, no causen daño a la salud y al ambiente. Esto está establecido en la Constitución nacional, en la Constitución provincial y en la Ley 6599, que es la Ley de Plaguicidas", destacó el fiscal de Estado, según consignó El Once. 

En cuanto a la elaboración de una nueva reglamentación, Rodríguez Signes afirmó: "Estamos trabajando en un sistema que concretamente, en las 1033 escuelas rurales que hay en la provincia, se pueda monitorear la aplicación del producto habilitado, de modo tal que la aplicación no sea perjudicial para la salud humana".

A juicio del fiscal de Estado "no depende tanto de la distancia, aunque por supuesto que es un elemento a tener en cuenta, pero no el único ni el más importante. Lo que hay que evitar es el contacto directo del producto con la persona". 

"Estamos trabajando en un sistema que concretamente, en las 1033 escuelas rurales que hay en la provincia, se pueda monitorear la aplicación del producto habilitado, de modo tal que la aplicación no sea perjudicial para la salud humana"