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partir de este año, las empresas podrán donar a las campañas electorales -algo que hasta ahora solo tenían permitido para actividades ordinarias de los partidos- y todos los aportes serán bancarizados. Son los dos principales ejes del proyecto de ley de financiamiento político que aprobó este miércoles la Cámara de Diputados, con 148 votos afirmativos y 69 negativos.

La iniciativa, que comenzará a regir en este turno electoral, fue respaldada por el interbloque peronista Argentina Federal y el Frente Renovador, mientras que el Frente para la Victoria-PJ se opuso fervientemente y defendió que el financiamiento sea “100% estatal”. También hubo rechazo de la izquierda, el Movimiento Evita y el espacio Red por Argentina, que lidera Felipe Solá.

A la hora de la votación en particular, se produjo una fisura en el interbloque Cambiemos: la Coalición Cívica, en función de su posición histórica sobre el tema, rechazó el artículo 4 del proyecto, el cual habilita los aportes privados. Ese artículo recibió 135 votos a favor y 81 en contra, consignó Parlamentario.

El proyecto sancionado, que fue objeto de intensas negociaciones en el Senado, fue promovido por el Gobierno a raíz de la causa judicial de los “cuadernos de la corrupción”, donde se investiga una red de financiamiento ilegal que involucra a exfuncionarios y empresarios durante el gobierno kirchnerista.

En la flamante ley se establece que los partidos políticos “obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus operaciones ordinarias y actividades electorales”. Los partidos no podrán recibir de una misma persona humana o jurídica un monto superior al 2% de los gastos permitidos para esa campaña.

Los aportes en dinero solo podrán efectuarse mediante transferencia o depósito bancario, y el donante deberá acreditar su identidad. También se permitirán los aportes en especie, esto es, aquellos que consisten en la prestación de un servicio o la entrega de un bien en forma gratuita.

La iniciativa aprobada también modifica los plazos de la campaña electoral; reduce a la mitad el tiempo total de programación audiovisual con fines electorales; regula aspectos de la campaña digital y del trabajo de las encuestadoras de opinión; y define la utilidad de los fondos destinados a capacitación dentro de los partidos.

Posturas encontradas

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (Pro) destacó que el proyecto es “un gran paso para mejorar la transparencia de las campañas electorales” y “aumentar las obligaciones de los partidos en orden de esas campañas”.

Por su lado, el jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, defendió el financiamiento “100% estatal” y sostuvo que “cuanta menor injerencia de las empresas exista en el financiamiento de la política, será mejor para la transparencia y la actividad de los partidos políticos”.

Además, el legislador kirchnerista aseguró que “las empresas aportan más a los oficialismos, a los partidos que tienen mayores posibilidades electorales y a los que tienen líneas argumentales pro-empresa”, lo cual “genera un desequilibrio”.

Juan Manuel López habló en nombre de la Coalición Cívica y ratificó el rechazo histórico de ese espacio a los aportes privados. “Siempre hemos hablado de la autonomía que debe tener la política respecto de otros factores de poder, y hemos votado en consecuencia”, comentó el “lilito”.

Por el Frente Renovador, Graciela Camaño justificó la necesidad de sancionarla ley, al recordar que “hemos tenido escándalos todos los años” vinculados a las campañas electorales.

Camaño le respondió a su par del Frente para la Victoria-PJ Gabriela Cerruti, quien horas antes había puesto “desafortunadamente” el ejemplo de los laboratorios, que según ella ahora podrían financiar una determinada campaña para asegurar la continuidad de sus negocios.

La diputada massista recordó que justamente, en 2007, la campaña presidencial de Cristina Kirchner fue financiada con aportes de tres laboratorios investigados por presunto lavado de dinero, que no pudieron justificar el origen de esos fondos.

Del mismo modo, Camaño observó que Cambiemos obró de forma “mucho más miserable” al “agarrar el padrón de los pobres y hacerlo aportar” para la campaña en la provincia de Buenos Aires.

En tanto, Diego Bossio (Justicialista) se planteó si el Congreso no debería tratar los temas que son de “urgencia” para la sociedad. “Hay que decirlo con todas las letras: hay un Gobierno que quiso y quiere cerrar el Congreso de la Nación. No hay debate”, se quejó, y responsabilizó por eso al jefe de Gabinete, Marcos Peña.