Los vocales del STJ, Germán Carlomagno y Claudia Mizawak, visitarán al Papa en el Vaticano, en una comitiva nacional de jueces que le informará sobre el servicio de justicia en el país. Una señal para el debate por el Estado laico.
El Papa recibirá informe sobre la Justicia argentina y habrá entrerrianos presentes.
M
ientras poco a poco avanza en la sociedad argentina la discusión sobre una profunda reforma que convierta al Estado en laico y deje de sostener "el culto católico apostólico romano" como lo establece la Constitución Nacional, desde el Poder Judicial entrerriano se viene una clara señal vinculada al debate. Por el momento, la Justicia provincial apoya la articulación de su trabajo con la Iglesia Católica y, en particular, con su máxima autoridad mundial.
Los vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak y Germán Carlomagno, integrarán la comitiva de 25 jueces que
visitará al Papa Francisco el próximo 17 de mayo en Roma.
La audiencia tiene como principal objetivo "trasladar en primera persona los trabajos que los poderes judiciales de todo el país realizan en pos de brindar a la comunidad un eficiente servicio de Justicia", se indicó en un comunicado del STJ enviado a INFORME DIGITAL.
Los entrerrianos representarán a la Junta de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus), que nuclea a los ministros de tribunales supremos provinciales de toda la Argentina. En particular, Carlomagno asistirá en su carácter de vicepresidente de la Región Litoral Centro de Jufejus y Mizawak lo hará como presidente de Reflejar, la “Red de Escuelas Judiciales de las provincias argentinas".
Mizawak -izq.- y Carlomagno -der.- se reunirán con el Papa en el Vaticano.
La participación de Carlomagno y Mizawak en la audiencia se da a partir de una invitación realizada por la presidente de la Jufejus, Maria del Carmen Battaini, y gestionada a través del Nuncio Apostólico, monseñor León Kalenga Badikelbele.
El parte de prensaaclara que los costos de los viajes y estadías de ambos magistrados en el exterior correrán por su propia cuenta, mientras que el Poder Judicial provincial absorberá los costos que insuman los viajes y las estadías dentro del país.
"El Superior Tribunal de Justicia (STJ) sólo se hace cargo de la estadía en Buenos Aires y del traslado desde y hacia Paraná, de acuerdo a lo que legal y reglamentariamente corresponde a un vocal", se especificó.
Reflejar es la “Red de Escuelas Judiciales de las provincias
argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos". Promueve la capacitación continua de
todos los integrantes de los Poderes Judiciales Provinciales. Mizawak se
desempañará en la Presidencia hasta 2020.
En tanto, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de
Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Jufejus) es una entidad federal que nuclea a todos los miembros en
ejercicio de las Cortes Supremas y Superiores Tribunales de Justicia de las
Provincias Argentinas que la componen. Nació en 1994, a partir de los debates que pusieron en la superficie el
reconocimiento de las limitaciones y deficiencias que tienen los sistemas
judiciales.
Antecedente
Carlomagno y Mizawak no serán los primeros vocales del STJ entrerriano en entrevistarse con el Papa desde que asumió el Sumo Pontificio en Roma. La jueza Susana Medina de Rizzo lo hizo en junio de 2016, como presidente de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. La entrerriana participó entonces, junto a otros jueces del país, de un seminario sobre criminalidad organizada y trata de personas organizado por la Iglesia.
Medina -sonriente, detrás del Papa- en 2016 en la misión judicial a Roma.
Campaña nacional
El año pasado, con el envión de la discusión sobre la legalización del aborto en el Congreso, se lanzó la Campaña Federal por la Separación de la Iglesia y el Estado, que incluso adoptó como símbolo el pañuelo naranja, así como el verde representa el apoyo a la ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El debate lleva décadas en algunos ámbitos del país pero su relevancia en la agenda pública creció desde 2018.
Un impulso no menor al debate surgió del propio gobierno nacional de Cambiemos. En marzo de 2018, casi como un precalentamiento para el debate por la ley de IVE, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reveló el presupuesto nacional destinado a subsidiar a la Iglesia Católica, uno de los puntos centrales de la plataforma de la campaña por un Estado Laico, que reclama el fin de la financiación con fondos públicos de los cultos religiosos privados.
El funcionario macrista informó ante la Cámara de Diputados que el sostenimiento del culto católico en el ámbito nacional en el año 2018 insumiría $130.421.300 del presupuesto federal. Y especificó el importe mensual que perciben: Obispos Diocesanos ($46.800), Obispos Auxiliares ($40.950), Obispos Eméritos ($40.950) y administradores apostólicos y diocesanos ($46.800). Los datos intensificaron la discusión sobre la ligazón Estado-Iglesia, no sólo en lo político e institucional sino también en lo financiero.
Una de las entidades con más trayectoria en la proclama separatista es la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), que reúne diversas organizaciones y personas y defiende "la autonomía de lo político ante lo religioso y una cultura ciudadana y política que garantice la libertad de conciencia, la no discriminación y que amplíe derechos". La organización integra la Asociación Internacional de Librepensamiento, con presencia en los cinco continentes y reconocida por la ONU y la OIT.
