El proyecto es iniciativa del PJ y deja en evidencia las políticas nacionales para el sector, pero el senador del PRO puso la firma como titular de la comisión de Agricultura ante la unanimidad que había a favor.
E
l Senado avanzó este miércoles en un plenario de comisiones
de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura con un proyecto que declara la
emergencia citrícola en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones,
Jujuy y Salta por el término de un año.
La iniciativa es de la diputada entrerriana Mayda Cresto
(PJ) y ya cuenta con aprobación unánime de la Cámara Baja nacional, tras lo
cual el gobernador Gustavo Bordet instruyó a sus senadores a trabajar para la
sanción definitiva.
Este miércoles el dictamen del Senado fue firmado a favor
tanto por el justicialista entrerriano Pedro Guastavino como por Alfredo De
Angeli, de Cambiemos, quien preside la comisión de Agricultura y se sumó al
apoyo del proyecto, que marchaba a ser respaldado por unanimidad en el
plenario.
El legislador macrista, sin embargo, consideró que los
problemas de los citricultores de Entre Ríos se deben principalmente a factores
climáticos y en un segundo plano a la economía. “Hay muchos productores que por
distintos motivos sufrieron una pérdida de cosechas, heladas, inclemencias
climáticas, pero también los mercados los han encontrado en una situación muy
difícil”, apuntó en la reunión.
Guastavino, por su parte, remarcó la responsabilidad del gobierno nacional. Sostuvo que la emergencia se trata de “un tema central para la economía regional” y alertó que “sabemos de qué manera la macroeconomía está golpeando a estas economías regionales”.
“Sabemos que esta no
es la solución, pero por lo menos para los productores es un paliativo para
poder enfrentar la crisis profunda que están viviendo”, admitió Guastavino.
El proyecto que obtuvo dictamen faculta al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar regímenes especiales de prórroga para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de la AFIP y la ANSES.
Además, durante la vigencia de la emergencia quedará suspendida la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social adeudados por los productores.