E

n un proyecto de comunicación presentado en el Senado de la Nación, la senadora nacional justicialista, Sigrid Kunath afirmó: “queremos saber el total de la deuda correspondiente a los períodos 2018 y 2019, la fecha estimada para la cancelación de la misma y las medidas que se tomarán para garantizar la regularización en el envío de partidas a Entre Ríos”.

Según el planteo de la legisladora, durante el año 2018 y los meses transcurridos del año 2019 se han registrado retrasos en las partidas enviadas desde la Nación para dar cobertura a las prestaciones del programa Incluir Salud.

La deuda se ha contraído tanto con la provincia -con motivo de diversas prestaciones brindadas a través de los efectores públicos de salud- como así también con entidades privadas, como centros de diálisis, centros de trasplante, droguerías locales, instituciones de discapacidad y transportistas, advierte Kunath.

"El Programa Federal Incluir Salud es un programa que tiene por objeto brindar cobertura médico integral a los afiliados residentes en todo el territorio de nuestro país. Se trata de un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas, entre ellos los titulares de pensiones asistenciales, beneficiarios de pensiones por leyes especiales y de pensiones graciables”, reseñó la senadora.

“A pesar de estos retrasos e incumplimientos por parte de la Nación, las diferentes prestaciones no fueron interrumpidas, puesto que han sido afrontadas con recursos provenientes de rentas generales provinciales”, resaltó la legisladora del PJ.

La senadora entrerriana sostuvo además que en la provincia el programa tiene 42.000 usuarios que corresponden a los beneficiarios entrerrianos de pensiones nacionales, "muchos de los cuales son pacientes crónicos, con discapacidades, pacientes oncológicos, adultos mayores, pacientes que requieren diálisis, por lo que las prestaciones que se les brindan no pueden postergarse ni interrumpirse”.

Trabas por discapacidad

Por otro lado, Kunath agregó que "en el último tiempo también ha generado preocupación en las autoridades sanitarias provinciales, en las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones nacionales y en los efectores de salud el dictado por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, de dos resoluciones: la 39/2019, mediante la cual se implementa un nuevo circuito y formularios para los Certificados Médicos Oficiales que certifiquen la invalidez laboral, estableciendo un sistema de Certificado Médico Oficial Digital (CMOD), mediante un Trámite a Distancia (TAD); y la 44/2019, que aprueba un circuito de similares características aplicable a los casos en que los Certificados Médicos Oficiales deban renovarse”.

En ese sentido la legisladora nacional  aclaró que “he presentado recientemente un proyecto de comunicación solicitándole al gobierno nacional que arbitre los medios necesarios para suspender los efectos de ambas resoluciones".

Se funda en que "representan un obstáculo en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y además desconocen aquellas dificultades que podrían darse en los sistemas de salud provinciales para su implementación. Esta situación podría derivar en la baja de muchas pensiones, por lo que en definitiva terminarían siendo de naturaleza restrictiva”.