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l Congreso Extraordinario de AGMER resolvió el acatamiento del sindicato a la Conciliación Obligatoria dictada por la jueza laboral Gladys Pinto a pedido del Poder Ejecutivo provincial y este martes se retoman las clases en Entre Ríos, luego de las huelgas docentes de viernes y lunes. Al menos por 20 días hábiles el gremio no ejecutaría medidas de fuerza, de acuerdo con la orden judicial.

El sindicato asistirá este miércoles a las 9.30 en el Juzgado de Trabajo a la primera audiencia de conciliación con el gobierno de Gustavo Bordet, instancia en la que se buscará una solución al conflicto salarial estancado tras el rechazo docente a la última propuesta de recomposición oficial, que consistió centralmente en el 20 por ciento de incremento en dos cuotas (10 en marzo y 10 en mayo).

Sesión del Congreso de AGMER de este lunes en San Salvador.

La jueza del Trabajo Nº 1 de Paraná, Gladys Pinto, había resuelto este viernes disponer la conciliación obligatoria prevista en el artículo 16 de la Ley Nº 9.624 por el término de 20 días hábiles, contados a partir del sábado. También dispuso que las partes se abstengan de tomar cualquier tipo de medida en relación al conflicto suscitado entre la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el gobierno de Entre Ríos.

En su resolución la magistrada adujo el fin de "asegurar el cumplimiento de la carga horaria completa conforme el calendario escolar dispuesto para el año en curso" y  resolvió también que “lo manifestado precedentemente no implica prohibir la realización de las asambleas y/o cualquier otra medida que se pudiere disponer por el gremio", pero ordenó que los docentes se abstengan de "realizarlas en el horario de clase. Podrán ser realizadas fuera de dicho horario”.

La última propuesta oficial consistió en la ratificación del 20 por ciento de recomposición, pero se propuso agregar una suma fija y la devolución de los días descontados por los paros en 2018.

De ese porcentaje, un 11 por ciento corresponde a cuenta de lo que quedó pendiente de 2018. El 9 por ciento restante se aplica a 2019, con la promesa de reunirse nuevamente a evaluar la situación en julio y aplicar una cláusula gatillo en función de la inflación.