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n la mañana de este viernes, la jueza de Garantías Marina Barbagelata dispuso la inmediata libertad de Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri y exsecretario de bloque del PJ en el Senado, quien se encontraba con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. Aguilerá está imputado en la causa que investiga irregularidades detectadas en contratos suscriptos en la Legislatura entrerriana en la última década. 

Esta determinación de libertad recayó también sobre Alejandro Almada, funcionario de la Cámara de Diputados, quien al igual que Aguilera cumplía su prisión preventiva en la cárcel; y sobre el exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sergio Cardoso, que tenía prisión domiciliaria. 

En la audiencia, los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro solicitaron que se prorroguen las prisiones preventivas de los imputados por 37 días más, debido a la posibilidad de entorpecer la investigación y por sostener que “la organización delictiva continúa funcionando”.

El pedido de prisión preventiva

Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri y exsecretario de bloque del PJ en el Senado, está imputado por considerar que era jefe de la supuesta organización enquistada en el seno de la Legislatura, que tenía como fin sustraer dinero mensualmente de las arcas del Estado. 

Para pedir su prisión preventiva en la cárcel, los representantes de la acusación pública consideraron que Aguilera accionó para entorpecer la investigación. Precisamente, los fiscales refieren a un episodio por el cual Aguilera le habría pedido de su suegra que esconda un celular, consignó Análisis. 

Almada, funcionario de la Cámara de Diputados, está sindicado como el recaudador del dinero. En este caso, los fiscales refirieron que se contactó con una testigo de la causa antes y después de la declaración testimonial. Ese episodio fundamentó la orden de prisión preventiva en la cárcel por 90 días.“La organización continúa funcionando”Por otra parte, desde la Fiscalía se apuntó contra la Cámara de Diputados de la provincia que aún no remitió información de cuatro años de los solicitados y el Senado aún adeuda información referida a seis años, teniendo en cuenta que solo remitió documentación de los últimos cuatro años. Según los fiscales, dicha información “ha sido solicitada imperiosamente para poder avanzar y terminar la Investigación Penal Preparatoria (IPP)”. 

Además, presentaron ejemplos de contratos y facturas remitidas desde la Legislatura y aseguraron que “los contratados desconocieron en las entrevistas su firma en dichos contratos” y consideraron que “las firmas estarían falseadas”. Asimismo, justificaron el pedido de prórroga de las prisiones preventivas en la idea de que “la organización delictiva está funcionando”.