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a ciudad de Santa Fe es desde este miércoles, oficialmente, la sede de la 54º Cumbre de los presidentes del Mercosur, que se desarrollará entre el 1° y el 10 de julio. Está previsto que Argentina traspase la presidencia pro témpore del bloque a Brasil.

El anuncio se produjo en la Casa Rosada y corrió por cuenta del canciller Jorge Faurie -oriundo de la capital santafesina-, en un acto del que participaron el intendente local José Corral y la secretaria de Relaciones Internacionales e Integración de esa Provincia, María Julia Reyna, que representó al gobernador Miguel Lifschitz.

La cumbre se hará en la Estación Belgrano y otros lugares que servirán "de apoyo", según se informó, como la Universidad Nacional del Litoral. Se espera que lleguen unos 6.000 delegados de los países participantes. En la provincia vecina hay hermetismo sobre los gastos que conllevará la organización del evento.

Las figuras centrales serán los jefes de Estado del bloque. Estarán convocados el argentino Mauricio Macri; Jair Bolsonaro de Brasil; Tabaré Vázquez, de Uruguay; Mario Abdo Benítez, de Paraguay; y se cursarán invitaciones a Evo Morales, de Bolivia (país en proceso de adhesión); Sebastián Piñera de Chile; Iván Duque Márquez, de Colombia; Lenín Moreno, de Ecuador; David Granger, de Guyana; Martín Vizcarra, de Perú y Dési Bouterse, de Surinam.

“Seguramente nos permitirá crecer como ciudad, porque de estas reuniones siempre quedan cosas para el patrimonio local. Además queda como legado toda una experiencia”, valoró el intendente José Corral.

Antecedente regional

En diciembre de 2014 el evento se realizó en la capital entrerriana. Paraná recibió las presencias de los entonces mandatarios de Uruguay, José Mujica; de Paraguay, Horacio Cartés; de Brasil, Dilma Rouseff; de Venezuela, Nicolás Maduro; de Bolivia, Evo Morales; y, por supuesto, la anfitriona Cristina Fernández de Kirchner.

El hecho histórico conmocionó la ciudad durante las semanas previas y durante su desarrollo y requirió un despliegue de organización extraordinario de parte de las administraciones municipal, entonces de Blanca Osuna, y principalmente de la provincial, del actual diputado Sergio Urribarri.

Luego de pasado un tiempo, desde el Poder Judicial se promovieron diversas investigaciones por presuntas irregularidades en las numerosas contrataciones que se efectuaron para la ocasión. Al día de hoy, las causas derivadas se centralizaron en dos expedientes. El delito investigado es administración fraudulenta de recursos públicos, en ambos casos, y además peculado, en el segundo

La causa "obras"

La primera es conocida en los Tribunales como "Mercosur Obras". Hay que reseñar que el 29 de octubre de 2014, Urribarri firmó el decreto Nº 3.974, que puso en vigencia un “convenio de colaboración” a cargo de la Unidad Operativa Mercosur, creada especialmente para canalizar los gastos de organización y la logística para la Cumbre.

Además, la Ley 10.327, promulgada el 20 de octubre de 2014 y que declaró de interés la 47º Cumbre del Mercosur que se realizó en diciembre de ese año en Paraná, facultó al Poder Ejecutivo a utilizar el procedimiento de contratación directa.

El acuerdo lo firmó el titular de la Unidad Operativa Mercosur, Félix Céspedes, luego eyectado de la administración del gobernador Gustavo Bordet, con la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, entonces presidida por Néstor Iván Szczech. Alicia Feltes, actual titular de  Vialidad, fue designada coordinadora general de ese comité, que además integró, en representación de la Cámara de la Construcción, por Miguel Marizza.

El acuerdo previó que sería Marizza el encargado de realizar en la Cámara de la Construcción una “preselección de empresas” que luego serían propuestas a Feltes para la ejecución de las obras de la Cumbre.

El miércoles 19 de octubre de 2016, por orden judicial hubo allanamientos en las sedes de las firmas, en la Cámara de la Construcción y en la oficina de la titular de Vialidad, Alicia Feltes. Mientras, se solicitó información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.

La investigación penal busca desde entonces determinar si efectivamente se pagaron sobreprecios a las empresas. Cinco constructoras cobraron más de $38 millones en la Cumbre Mercosur: Cemyc SRL cobró $ 12.979.337,82; Antonio Caballi SA, de Marizza, se alzó con $ 12.683.198,14; Szczech & Szczech SA $6.88.198,97; OIC SA percibió $5.644.639,94; y Luis Losi SA se llevó $ 535.184,34.

La investigación está detenida por una postergada pericia que espera desde febrero y que al día de hoy, marzo de 2019, no tiene fecha. La pericia está a cargo de María Florencia Ara, “Oficial Mayor Técnica -Contadora- Provisoria” dependiente de la Sala Penal del STJ.

La causa "Nelly"

Por otro carril se desarrolló la causa por la contratación de la empresa del mediático empresario de entretenimiento Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, por $28 millones para la difusión en medios de todos el país de cuatro spots, filmados por la Provincia, para la difusión de la Cumbre Mercosur. Sin embargo, la sospecha partió de que sólo uno trató sobre el encuentro regional en Paraná.

Los otros tres, en los hechos, se dedicaron a instalar la figura del ex gobernador por entonces en campaña para ser el candidato a presidente del Frente para la Victoria, según la hipótesis de la Fiscalía.

Otra peculiaridad es que en apenas cinco días, el expediente de contratación directa recorrió los despachos de diez funcionarios de los organismos de control: Tribunal de Cuentas –la asesoría jurídica, su presidente, Guillermo Smaldone, y los cinco fiscales de Cuentas–, Fiscalía de Estado, Contaduría General –su asesor jurídico y su presidente–, y recogió todos dictámenes favorables.

Los diez funcionarios contralores dictaminaron “en abstracto”, es decir, sin ver los materiales que se pensaba difundir, según lo publicado por Entre Ríos Ahora.

En diciembre pasado, el empresario logró salirse de la causa. Por acuerdo entre sus abogados, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, con el Ministerio Público Fiscal, homologado por la jueza Elisa Zilli, Rodríguez accedió a la suspensión del juicio a prueba por el término de un año, el pago de una indemnización al Estado entrerriano de $150 mil y la realización de campañas de difusión en beneficio del comedor Los Piletones, de la conocida militante macrista Margarita Barrientos.

En cambio, la Fiscalía solicitó la remisión a juicio para el ex gobernador y otras siete personas, entre las que están su cuñado Juan Pablo Aguilera, y su ex ministro de Comunicación y actual diputado, Pedro Báez. Aquí la causa por la contratación de Nelly Entertainment se unificó con tras dos causas.