E
l Tribunal de Cuentas de la provincia solicitará a la Justicia Federal la remisión de la documental secuestrada de la Municipalidad de Paraná en el marco de la causa por narcotráfico, conocida como “narcomunicipio”, a fin de profundizar la investigación que viene llevando adelante por presuntas irregularidades administrativas. El foco está puesto en el pago de contratos sin la correspondiente contraprestación de servicios.
En paralelo, el organismo también inició un expediente relacionado a la presunta percepción irregular de haberes por parte de la ex funcionaria de Seguridad del municipio, Griselda Bordeira, quien actualmente se encuentra procesada y detenida a la espera del juicio por narcotráfico que se llevará adelante este año en los Tribunales Federales. En esta causa, por presuntas vinculaciones con la banda narco que lidera Daniel "Tavi" Celis, está procesado el intendente de Paraná, Sergio Varisco, y además de Bordeira -presa en la cárcel de mujeres- se encuentra detenido en la Unidad Penal N°1 el concejal Pablo Hernández (Cambiemos).
Bordeira era sargento 1° en condición de revista activa – efectiva, afectada en comisión de servicios al municipio y, a la vez, era funcionaria nombrada por decreto.
El trámite está registrado con el número 227/2018 y comenzó el 22 de mayo de 2019, a pocos días de que estallara el escándalo con los primeros allanamientos en el Palacio Municipal y las citaciones a indagatoria a Varisco, Bordeira y el concejal de Cambiemos Pablo Hernández (también procesado y detenido a la espera del juicio).
Para obtener más precisiones y contar con elementos de primera mano, el Tribunal de Cuentas solicitará a la Justicia Federal poder acceder al material con que trabajó la División Lavado de Activos de la Policía Federal para realizar su informe. Se trata de documentación (expedientes, comprobantes y órdenes de pago entre otras) que fue secuestrada durante los distintos allanamientos que se concretaron desde mayo del año pasado en adelante y que por lo tanto, ya no obra en los archivos municipales.Investigación sobre BordeiraEn paralelo, el Tribunal de Cuentas también inició un expediente relacionado con la presunta percepción irregular de haberes por parte de la ex funcionaria de Seguridad del municipio, Griselda Bordeira, quien actualmente se encuentra procesada y detenida a la espera del juicio por narcotráfico que se llevará adelante este año en los Tribunales Federales.
Sobre este punto, se encuentra abierto un segundo expediente (el 420/17), donde se hace el seguimiento del cobro de haberes de empleados registrados bajo la modalidad de contratos de servicio que se habrían abonado sin que haya existido ninguna prestación. Para este hecho, se tuvo en cuenta la declaración testimonial en la causa de una ex contratada.
En particular, el foco está puesto en aquellas cuestiones que pueden haber generado un perjuicio económico al Estado municipal, entre las que se cuentan las consideraciones efectuadas por la Policía Federal en su informe respecto a la percepción de contratos por parte de agentes municipales sin la correspondiente contraprestación. Según publicó Apf, en el organismo se está analizando el contenido de ambos documentos, en función de la competencia legal atribuida como órganos de control externo.
A fines del año pasado, el magistrado remitió el informe que hizo la División Lavado de Activos de la Policía Federal y un escrito a manera de descargo que presentó la Administración Municipal tanto al Tribunal de Cuentas como a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Fiscalía Anticorrupción.
En junio del 2018, y ante la gravedad de los hechos relacionados con el supuesto manejo que se hacía del dinero público y que se iban develando en el transcurrir de la causa, el organismo de control inició de oficio un expediente y solicitó por entonces información al juez Federal Leandro Ríos.
El Cuerpo de Auditores del Tribunal de Cuentas de la provincia solicitó a la Justicia Federal la prueba secuestrada durante los allanamientos realizados en la Municipalidad de Paraná para ahondar la investigación sobre posibles irregularidades administrativas.
