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n un comunicado de cierre de año, las autoridades del Colegio de Abogados de Entre Ríos,  la entidad que nuclea a los profesionales matriculados de la abogacía, sostuvieron que "en este 2019 seguiremos trabajando por una verdadera independencia judicial que logre afianzar la Justicia y el Estado de Derecho en la provincia de Entre Ríos".

Los asesores letrados convocaron a "velar por un buen servicio de justicia, con celeridad, calidad y eficacia y por el reconocimiento, en igualdad, de los derechos humanos" y por último reivindicaron "la independencia y la libertad de los abogados a fin de garantizar la defensa y el asesoramiento de sus clientes en pos del ejercicio profesional".

El comunicado enviado a INFORME DIGITAL está firmado por del presidente del Colegio de Abogados Enrique Martínez y el secretario de la entidad, Alejandro Canavesio.

Días atrás se pronunció en forma similar pero con más contundencia la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos. Su respectivo parte de prensa advertía "con seria preocupación la presencia cada vez más frecuente de sucesos que perturban las condiciones necesarias e imprescindibles para que los jueces y funcionarios judiciales se desempeñen sin injerencias, obstrucciones, ni presiones de poderes externos".

Vale señalar que en este caso el pronunciamiento se dio particularmente en defensa de la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, de quien se publicaron periodísticamente vínculos con uno de los sospechados en la causa conocida como de los contratos truchos en la Legislatura; y del Procurador General, Jorge García, que afronta un pedido de jury ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Respecto de la información difundida sobre la presunta sociedad de la fiscal Goyeneche con el contador Pedro Opromolla -sindicado como integrante de la asociación ilícita en la causa Contratos Truchos- en un fideicomiso y en un contrato locatario, había expresado la Asociación su "más enérgico repudio a cualquier estrategia de miedo que intereses subalternos quieran imponer por sobre el interés supremo de la justicia y la Ley a través de la divulgación de información apócrifa por los medios de comunicación".