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a Sala Penal y de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ); integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio; hizo lugar
este domingo al recurso de apelación interpuesto por los representantes de Juan Pablo Aguilera y Gustavo Pérez, que están detenidos en la Unidad Penal de Paraná en el marco de la causa de los contratos truchos.
Miguel Angel Cullen y Guillermo Vartorelli habían presentado un habeas corpus solicitando que sean alojados en un pabellón de personas procesadas, separado de los condenados, como lo establece la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. "Los establecimientos destinados a procesados no podrán alojar condenados”, expresa la normativa. Los letrados invocaron además el riesgo que supone para su integridad física la precariedad edilicia y la sobrepoblación carcelaria.
La resolución establece que las actuaciones realizadas sean reenviadas al Juzgado de Garantías Nº4 de Mauricio Mayer para que proceda “sin dilación alguna” y de “inmediata sustanciación”. Mientras tantos, ambos imputados están en prisión.
Giorgio votó en disidencia en base al fallo "Riera", que establece que los rechazos in-limine no son apelables. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, ya había especificado en el fallo que sean alojados en celdas separadas.
Aguilera fue detenido en el marco de la investigación por contrataciones irregulares en la Legislatura en los últimos diez años y la jueza Marina Barbagelata le dictó la prisión preventiva por 90 días, decisión que fue confirmada este viernes. El ex funcionario comparte la celda con Vicente Jesús Bioletti, Gastón Godoy –ambos condenados– y Juan de la Cruz Moreno –procesado en una causa por narcotráfico que ya fue elevada a juicio. Pérez está detenido desde el 20 de noviembre.
Las autoridades del Servicio Penitenciario han admitido que las cárceles entrerrianas tienen más presos de los que pueden contener y el 23 por ciento de la población son personas procesadas con prisión preventiva, como es el caso del cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri.
Mayer había rechazado el habeas corpus y sus defensores apelaron ante el STJ.
(Fuente: Página Judicial)
