C
on 171 votos a favor y solo uno en contra, la Cámara de Diputados dio media sanción a la denominada “ley Micaela” sobre prevención de violencia de género, un proyecto que el Gobierno se vio obligado a incluir en el temario de extraordinarias tras el impacto de las últimas denuncias de abuso sexual.
La iniciativa, que tomó ese nombre en homenaje a Micaela García -la joven asesinada en abril de 2017 en Gualeguay- establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado en todos sus niveles y jerarquías.
Según este proyecto, cada organismo estatal definirá la modalidad de las capacitaciones, que deberán ponerse en marcha dentro del primer año de vigencia de la ley. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), como autoridad de aplicación de la norma, deberá certificar la calidad de esas capacitaciones, y tendrá a su cargo las que correspondan a las máximas autoridades de cada poder.
Al inicio del debate, la radical Alejandra Martínez advirtió que “una mujer es asesinada en Argentina cada 32 horas”, y agregó que “en las primeras 50 sentencias de femicidios en Argentina hay un dato grave: hay 18 casos que tenían denuncia previa. Eso indica que hubo 18 mujeres que pidieron auxilio al Estado y no les respondimos. Eso indica que hubo fallas”.
La presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara baja resaltó la “revolución cultural” que vienen desarrollando las mujeres en la Argentina, que decidieron “no callarse más”. “Las mujeres de todos los partidos hemos decidido trabajar en forma transversal, comprendiendo que estamos viviendo una bisagra histórica, que nos interpela”, señaló, destacando los hechos de abuso conocidos recientemente, y concluyó: “Necesitamos dar una respuesta institucional”.
Los padres de Micaela estuvieron en el recinto.
Otra diputada radical, la mendocina Claudia Najul, habló de generar las condiciones para “las nuevas reglas que reemplazarán a ese machismo que atraviesa todas las estructuras”. Sostuvo que la “ley Micaela” es “dar el debate como sociedad, es darle al Estado cómo nos vamos a plantar frente a este momento bisagra”.
Autora del proyecto tomado como base, la kirchnerista Analía Rach Quiroga expresó que la inclusión del proyecto en el temario de extraordinarias fue obra del colectivo de mujeres, como así también de la actriz Thelma Fardín y de “las mujeres que dijeron ‘no nos callamos más’”.
“Si no era por el movimiento de mujeres, este proyecto perdía estado parlamentario”, insistió, y remarcó: “Sin esta sororidad esto no hubiera sido posible”.
Por su parte, Lucila De Ponti, del Movimiento Evita, explicó que “esta ley forma parte de un paquete de leyes que todas juntas tienen la misión de generar políticas de prevención de la violencia machista”.
“Estas leyes son herramientas para profundizar un camino para transforma y construir una sociedad mejor, más igualitaria, con más respeto, y el estado tiene que estar al frente de esas transformaciones, no llegar siempre tarde ni tener una mirada punitivista cuando el crimen ya fue cometido”, dijo la legisladora.
Al cierre del debate, Victoria Donda (Somos) no solo defendió la “ley Micaela”, sino que anunció que propondrá otro proyecto para establecer un protocolo obligatorio de actuación en el Estado ante casos de violencia de género.
