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l presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Emilio Castrillón, recibió este miércoles por la tarde a manifestantes que se acercaron a la puerta de Tribunales para entregar un documento titulado “Negar derechos es delito”. La manifestación tuvo como motivo respaldar el protocolo de aborto no punible que rige en la provincia desde 2017, por disposición del Ministerio de Salud a cargo de Sonia Velázquez.

En el escrito presentado a Castrillón las manifestantes expresan textualmente su repudio “ante las falaces manifestaciones realizadas a raíz de una interrupción legal del embarazo llevada adelante días pasados a una menor -de 13 años que sufrió una violación- en el Hospital Masvernat de Concordia”. El caso al que aluden es el del supuesto feto que, según una publicación periodística, tuvo una sobrevida de 10 horas.

Cabe recordar que tras la divulgación del caso, la  diputada provincial de Cambiemos, María Alejandra Viola, presentó un proyecto de resolución para que el gobernador derogue el protocolo de aborto no punible. En el mismo sentido se expresaron desde la Iglesia y otros sectores que rechazan esta práctica. 

En la nota, entre otros conceptos, también se manifiesta “el respaldo al accionar judicial cuyos representantes han dejado aclarado que ningún juez de esa ciudad otorgó autorización judicial para la interrupción del mencionado embarazo, dado que se trata de un caso no judiciable por existir normativa que regula el aborto no punible”, y que sólo se exhortó a los profesionales de la salud a cumplir con sus obligaciones en la prestación de la práctica legal”.

En este punto se aludió a la jueza de Familia de Concordia Belén Estévez, quien intervino como mediadora entre los profesionales de la salud, los padres de la nena y el Ministerio de Salud para que se lleve a cabo la práctica médica que contempla el artículo 86 del Código Penal, el cual sostiene que una mujer puede acceder a un aborto legal sólo en dos casos: riesgo de vida o si sufrió un embarazo producto de una violación.

En el comunicado difundido por la prensa del Poder Judicial se destacó que actualmente la magistrada  está en permanente contacto con la menor y su familia, resguardando su intimidad y acompañándola en este proceso. Además, el Ministerio Pupilar actuó en el caso formulando una denuncia para determinar si la menor había sido abusada y el fiscal José Arias está investigando.

Al final del documento presentado a Castrillón las manifestantes piden por “Educación sexual para decidir”; "Anticonceptivos para no abortar” y Aborto legal para no morir”.