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uego de conocerse la presunta sociedad entre la Fiscal Anticorrupción –interina- del Ministerio Público Fiscal de la provincia, Cecilia Goyeneche, con uno de los contadores investigados en el marco de la causa por asociación ilícita, peculado y defraudación al Estado más conocida como de los “contratos truchos de la Legislatura”, precisamente desde la Cámara de Diputados apelaron a la intervención de la máxima autoridad del Poder Judicial.

El diputado Gustavo Guzmán (PJ), mediante nota al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, solicitó que “se investigue y se comunique a la población qué grado de verosimilitud le asiste a las noticas periodísticas que denuncian hechos que, de ser ciertos, implican una situación inadmisible y de una gravedad institucional dentro del servicio de justicia”.

Dichos hechos son dos. En el primero Goyeneche y Pedro Opromola compartirían un contrato de fideicomiso como fiduciantes, en tanto que Luis Sebastián Orlando Bertozzi -esposo de la fiscal- y José Lino Churruarín -ex esposo de la vocal de la Cámara de Casación Penal de Paraná, Marcela Badano-, figuran como fiduciarios.

En el segundo, siempre según lo publicado por El Diario, Goyeneche y Opromola figuran como locadores en un contrato de alquiler de un inmueble ubicado en calle 9 de Julio de la capital provincial

“De ser esto cierto, resultaría un hecho escandaloso e inadmisible el que (Goyeneche) sea la responsable de tan importante organismo”, advirtió Guzmán en alusión a la Fiscalía Anticorrupción.

“La notica es escandalosa, máxime cuando en la causa y a instancia de la persona sospechada existen varios ciudadanos privados de la libertad sin condena previa”, alertó el legislador peronista. 

Guzmán añadió en su misiva al presidente del STJ, a la que accedió INFORME DIGITAL, que “más grave torna esta situación el hecho de que quien encabeza la investigación ahora es sospechada de ser socio de uno de los supuestos integrantes de la asociación ilícita en emprendimientos inmobiliarios”.

“Justamente inversiones en fideicomisos, que dentro de la teoría del caso de la Fiscalía era una forma de ‘lavar’ los supuestos dineros mal habidos”, resaltó el diputado.

Recusación

Mientras tanto, y a raíz de la información periodística conocida este miércoles, el abogado Leopoldo Cappa, defensor del contador Roberto Faure, actualmente con prisión preventiva en la causa, adelantó que junto a los demás defensores recusarán a Goyeneche.

“¿Cómo le explico a la pareja de los padres de mi defendido que la fiscal que ordenó tres allanamiento y solicitó prisión preventiva por tiempo indeterminado no fue objetiva y ,en principio, si se acredita lo publicado, podría haber beneficiado a otro sindicado en esta causa?”, dijo Cappa este jueves en diálogo con INFORME DIGITAL.

El letrado señaló que a su defendido, Faure, le inhibieron los bienes y lo embargaron y le impusieron una prisión preventiva por 90 días, mientras que no hubo acciones similares para Opromola, supuesto socio de la fiscal y otro de los contadores sindicados como participantes de la asociación ilícita.