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n el marco de la causa por asociación ilícita, defraudación al Estado y peculado por presuntas contrataciones falsas en la Legislatura provincial, este miércoles se conoció un contrato de adhesión a un fideicomiso que vincularía a la titular de la Oficina Anticorrupción a cargo de la investigación, Cecilia Goyeneche, con uno de los contadores sindicados en la causa, Pedro Opromola.

El contrato de adhesión, según publicó El Diario, es a la "construcción al costo Fideicomiso 9 J165”, celebrado el 17 de marzo de 2015. Junto con un contrato de locación, celebrado el 30 de junio de 2017, exhibirían una vinculación que complicaría la investigación.

Según la publicación, en el primer contrato de fideicomiso Goyeneche y Opromola figuran como fiduciantes, en tanto que Luis Sebastián Orlando Bertozzi y José Lino Churruarin, figuran como fiduciarios. Bertozzi es el esposo de Goyeneche. Churruarin, en tanto, es el ex esposo de la vocal de la Cámara de Casación Penal de Paraná, Marcela Badano.

A raíz de esa información, el abogado Leopoldo Cappa, defensor del contador Roberto Faure, actualmente con prisión preventiva en la causa, adelantó que junto a los demás abogados defensores recusarán a Goyeneche.

“Estamos hablando de algo de una gravísima situación institucional. Cómo le explico a la pareja de los padres de mi defendido que la fiscal que ordenó tres allanamiento y solicitó prisión preventiva por tiempo indeterminado no fue objetiva y en principio, si se acredita lo publicado, podría haber beneficiado a otro sindicado en esta causa”, dijo en diálogo con INFORME DIGITAL.

En ese sentido, planteó que a su defendido, Faure, le inhibieron los bienes y lo embargaron y le impusieron una prisión preventiva por 90 días, mientras que no hubo acciones similares para Opromola, supuesto socio de la fiscal. “A mi defendido y a otro contador –Gustavo Pérez-le quisieron meter temor porque piensan que alguno va a declarar como arrepentido, figura que no tiene arraigo en la provincia”, señaló Cappa y agregó que “a Opromola no lo inhibieron, supongamos que lo inhibieron, se estaría auto inhibiendo Goyeneche. Ahí está la falta de objetividad, no haberlo mencionado”.

El abogado consideró que Goyeneche “debería haberse excusado por una cuestión de salud jurídica. Esto es gravísimo. De todos modos, hay que ser cauto y que se investigue esta noticia”. Finalmente, dijo que cuando el caso llegue a juicio pedirá que se anule toda la prueba que se haya producido cuando Goyeneche estuvo al frente de la investigación.

En la causa están se encuentran con prisión preventiva Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo,  Hugo Mena y Alfredo Bilbao.  A ellos se sumaron los contadores Roberto Faure y Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado. En tanto, otro grupo tiene medidas restrictivas de no acercamiento a los contratados truchos. Ellos son: Jorge Pablo ”Tucho” Balladares (yerno de Hugo Mena), Jazmín Mena Gioveni (hija de Hugo Mena), María Macarena Alvarez (hija de Beckman), Viviana Giselle Mena Gioveni (hija de Hugo Mena), Alejandro “Alito” Rubén Ferreyra (yerno de Hugo Mena), Andrea Demartin, Fernando Gastón Sarnaglia y Verónica Caíno (esposa del contador Pérez).

Particular WhatsApp

Entre la prensa y abogados de los acusados circuló este jueves una charla de WhatsApp en la que supuestamente Cecilia Goyeneche, la fiscal ahora recusada, se habría mostrado segura de que la publicación sobre el vínculo con Omparola no le acarrearía problemas.

En la captura de pantalla que se viralizó, la funcionaria habría sostenido ante la consulta de una persona: "No pasa nada, tengo a la legislatura comiendo de mi mano..." y ante la pregunta de qué hará ante la información que la involucra, habría agregado: "No pasa nada, ahora hablo con el Ruso (NdeLlaR: presumiblemente en alusión al director de la revista Análisis) y naturalizamos todo".

Cabe destacar que no está probado que la conversación que circula sea verídica, pero entre los abogados defensores así la consideran. Desde el Ministerio Público Fiscal aún no hubo explicaciones sobre la información periodística difundida este miércoles y tampoco sobre el WhatsApp que adjudican a la fiscal anticorrupción.