El Ministerio Público Fiscal concluyó en que las irregularidades en el proceso de licitación obedecían a un problema administrativo y no a un delito penal, como dijo el fiscal Rodriguez Signes, y la causa se archivó.
E
l Ministerio Público Fiscal dispuso el archivo de la denuncia que habían presentado el senador Raymundo Kisser y el abogado Rubén Pagliotto, ambos enrolados en Cambiemos, por supuestas irregularidades en el proceso de licitación de obras para el desarrollo gasífero y eléctrico en el norte entrerriano. La conclusión es que no hubo delito y que las anomalías fueron advertidas por los organismos de control.
“No se vislumbra la existencia de un ilícito penal”, concluyó el Ministerio Público Fiscal. La resolución, según publicó Página Judicial, lleva la firma de la fiscal Matilde Federik, quien sostuvo que “es la propia administración la que, con sus mecanismos constitucionales de control en pleno ejercicio, está actualmente adecuando el procedimiento a la normativa aplicable, para emitir un acto administrativo conforme a la ley”.
Así, el MPF coincide con el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, quien había asegurado que "hay una serie de observaciones que hace la Contaduría General de la Provincia, en el ejercicio de las facultades que le concede la Constitución y su propia ley orgánica, pero son todas de carácter administrativo, ninguna supone una cuestión penal”.
“Acá se acude al Ministerio Público Fiscal como si fuese un órgano de control más y los órganos de control son la Contaduría General, el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía de Estado, porque estamos ante cuestiones administrativas, no penales”, había considerado el funcionario según registró el portal citado.
Los denunciantes habían señalado una serie de “desprolijidades” e “incumplimientos normativos groseros e inexcusables” en el proceso administrativo de selección de las empresas China National Technical Import & Export Corporation y Yutong SA, de capitales chinos, para la ejecución de las obras de desarrollo gasífero y eléctrico.
El objetivo, según los denunciantes, era “disimular o encubrir una selección amañada de la contratista” e incluso plantearon que “los precios que se les pagaría a las empresas chinas son muy elevados en relación a los costos reales de estas obras”, que consisten en la construcción de una línea de alta tensión, cinco estaciones transformadoras y tendidos fibra óptica, por unos 65 millones de dólares, y un gasoducto, por otros 35 millones.