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e llevó a cabo el encuentro de productores convocados por la Mesa de enlace Gualeguaychú que tenía como finalidad organizar la resistencia contra las últimas restricciones a la fumigación con agroquímicos, especialmente contra el fallo judicial que prohíbe hacerlo cerca de escuelas rurales.

Participaron del encuentro el presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, José Colombatto; el titular de la Federación Agraria de Entre Ríos, Matías Martiarena; el presidente de FARER, Raúl Boc-Ho; de Sociedad Rural Argentina distrito Entre Ríos, Walter Feldkamp; el vicepresidente de FAA, Elvio Guía; productores y dirigentes de distintos lugares de la provincia.

Los dirigentes resaltaron que “el malestar de los productores es muy fuerte y si no hay decisiones claras por parte del gobierno se tomarán otras medidas de acción" y anunciaron que "por lo pronto, si para el miércoles no hay una respuesta, se decidió realizar una movilización a Paraná”.

El fallo de la Justicia provincial repudiado prohibió las fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de las escuelas rurales y a menos de tres mil metros con aspersiones aéreas.

Los ruralistas advirtieron que la decisión judicial "equivale a una prohibición de producción" y calificaron el fallo como "discrecional y arbitrario, sin argumentos científicos ni técnicos". Según sus cálculos, afecta la producción en alrededor de 300 mil hectáreas.  

"Debemos apelar a las autoridades provinciales para pedirles que actúen con urgencia, que adopten las medidas necesarias para lograr un poco de razonabilidad en las decisiones que toman y buscar el punto de equilibrio entre la sustentabilidad social, económica y ambiental", reclamaron los convocados.

A su vez, se defendieron y afirmaron: "no somos cómplices del deterioro del medio ambiente. Tampoco es verdad que privilegiamos el lucro, por sobre la salud y la vida. Vivimos en el mismo campo o bien todos los días trabajamos en el mismo. ¿Cómo no vamos a ser los primeros en cuidar nuestra lugar?", señalaron en el texto.

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Nuestro sector agropecuario se encuentra hoy amenazado, ya no sólo por todos las dificultades conocidas, como lo son el clima, los mercados, la falta de rentabilidad, los problemas de infraestructura, entre otros, sino que desde hace algún tiempo por el accionar de algunos sectores docentes y ambientalistas, un grupo de dirigentes políticos y también ahora por la justicia.

Por esto estamos hoy acá, para expresarnos, para decir a todos los vientos que no somos cómplices del deterioro del medio ambiente. Tampoco es verdad que privilegiamos el lucro, por sobre la salud y la vida. Intentan enfrentarnos con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, sin fundamento alguno y con el sólo objetivo de sacar miserables réditos personales y sectoriales.

Sin dudas, muchos de los que estamos afectados por el fallo de la justicia tendremos graves problemas para poder sostener nuestras familias, nuestras estructuras productivas, desmoronándose así una pirámide de efectos positivos que conlleva esta actividad. Y en lo inmediato, a lo largo y ancho de la provincia nos encontramos con miles de productores que ya han sembrado y perderán sus cosechas por no poder realizar aplicaciones, arrendatarios con contratos en marcha, otros que no podrán hacer frente a los créditos solicitados porque les han prohibido producir de la noche a la mañana, entre otras realidades.

Hoy debemos apelar a las autoridades provinciales para pedirles que actúen con urgencia, que adopten las medidas necesarias para lograr un poco de razonabilidad en las decisiones que toman, y buscar el punto de equilibrio que nunca se debió perder entre la sustentabilidad social, económica y ambiental.

Este fallo proscriptivo, mas allá de no tener fundamento, en cierta medida deja un resquicio del que se aferran los jueces y es por la ausencia de una ley de fitosanitarios moderna como la que estuvo por ser sancionada por la legislatura provincial este año –en el Senado se aprobó, previo trabajo de una bicameral durante un año y medio- y que por mezquinas especulaciones políticas, fue lisa y llanamente cajoneada en la Cámara de Diputados provincial.

Privar a los entrerrianos de esa norma, fue un acto de absoluta irresponsabilidad y necesita ser reparado con urgencia. Resulta perentorio que el Estado asuma su papel con firmeza y determinación, ya que esta decisión judicial significa que la prohibición de fumigación equivale a una prohibición de producción. Estamos hablando de que este fallo discrecional y arbitrario, sin argumentos científicos ni técnicos, deja sin la producir a miles de productores y a alrededor de 300 mil hectáreas.

Nunca estuvimos en contra de los controles. Es un claro rol del Estado el ejercicio del poder de policía, es por esto que también se debe avanzar en un esquema específico de controles y un programa provincial de buenas prácticas agrícolas.

También resulta necesario que el Estado entrerriano reglamente la ley a la que adhirió respecto de los Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT), para un eficiente descarte de los bidones de fitosanitarios, entre otras acciones.

Hay un elemento central en el que muy pocos reparan: somos parte del entorno rural, muchos vivimos en el mismo campo, o bien todos los días trabajamos en el mismo. ¿Cómo no vamos a ser los primeros en cuidar nuestra lugar en el mundo, donde criamos a nuestros hijos? Y tengan por seguro que más allá de las adversidades seguiremos haciendo lo que elegimos y sabemos hacer: trabajar, producir, generar empleo y riqueza.

Eso no quita que levantemos la voz, que reclamemos por nuestros derechos. El campo merece y debe ser escuchado. Hay un pasado, un presente y seguramente un futuro, con los productores como protagonistas de la historia de esta provincia y de este país. Pero el hoy, necesita de una clara y férrea decisión política. La reparación de esta situación no está  en nuestra manos. Es la hora de la grandeza y la lucidez de nuestros gobernantes.