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ste miércoles se desarrolló la primera audiencia de conciliación obligatoria entre el gobierno provincial y los sindicatos docentes el Juzgado del Trabajo N° 1 de Paraná, a cargo de la jueza Gladys Pinto. Los funcionarios presentaron una propuesta similar a la ya rechazada por los gremios, del siete por ciento de incremento en dos cuotas (octubre y noviembre) con la modificación de adelantar el pago del código de compensación por traslado, incrementándolo un 20% a partir de octubre. 

La propuesta fue rechazada por los representantes de AGMER por no contener las demandas aprobadas por el Congreso de la entidad. Éstas son, en primer lugar, el “cumplimiento del Acuerdo Paritario firmado el 22 de mayo con relación a que ningún trabajador quede por debajo del índice inflacionario”.

Cabe recordar que los docentes y el gobierno provincial acordaron en dicha instancia un 19 por ciento de recomposición salarial. Luego, en los haberes de septiembre, por decreto, Gustavo Bordet aplicó un tres por ciento extra que llevó a 22 por ciento el recupero del sector. No obstante, como la inflación del INDEC acumula en octubre el 32,4 por ciento desde enero, los docentes rechazan las ofertas que no contemplen esa pérdida de poder adquisitivo.

Además, AGMER exige que la propuesta incluya la equiparación del Código de traslado con el aumento en el precio del combustible; el pago del 1,3% adeudado del acuerdo salarial de 2017; y la devolución de los descuentos salariales por paros.

La jueza fijó una nueva audiencia para el jueves 15 a las 8.30 horas.

Por la Provincia estuvieron presentes la presidente del CGE, Marta Irazábal, y los miembros paritarios Néstor Grifoni, Rita Nievas, Marisa Massa y Gastón Etchepare; por AGMER, el secretario General, Marcelo Pagani, la secretaria Adjunta, Ana Delaloye, el secretario Gremial, Guillermo Zampedri, y el paritario Juan Carlos Crettaz, acompañados por la asesora legal Verónica Fischbach.

Estuvieron además presentes los representantes de AMET, así como también los abogados Daniel Cottonaro y María Cristina Federik, por la defensoría General y la fiscalía de Estado respectivamente.