E

ste martes, los jueces Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Pablo Vírgala dieron a cocer el adelanto de sentencia a los dirigentes de UPCN y al exministro de Salud, Ariel De La Rosa, que fueron llevados a juicio acusados de aprietes contra la directora del hospital de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero.

En los alegatos del 29 de octubre, los fiscales Laureano Dato y Gamal Taleb solicitaron penas de cumplimiento efectivo contra los laderos de José Allende (diputado provincial y secretario general de UPCN). El Ministerio Público pidió la pena de cinco años de prisión efectiva contra el exfuncionario provincial, en tanto que para los dirigentes gremiales el pedido fue de cinco condenas y una absolución: José Zarza (cinco años y seis meses), Noemí Santamaría (cinco años) y para la secretaria gremial del sindicato Carina Domínguez (cinco años).  Para Zunilda Suárez, por su parte, la solicitud fue de tres años y seis meses de prisión, mientras que para Fabián Monzón, exsecretario adjunto y actual director del Iosper, la pena solicitada fue de un año y seis meses de prisión condicional. Guillermo Barreira, en tanto, recibió un pedido de absolución.

En tanto, el defensor de los dirigentes, Marcos Rodríguez Allende, y los abogados del ex ministro, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, solicitaron la absulución. En tanto, el defensor de los dirigentes, Marcos Rodríguez Allende, y los abogados del ex ministro, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, solicitaron la absolución. 

Este martes, el Tribunal informó que se llegó a una conclusión unánime, que fue dictar la absolución para el ex ministro De la Rosa, Domínguez, Suárez y Barreira. Y sólo condenar con penas leves a Noemí Santamaría y José Zarza, a quienes le dieron dos años de prisión condicional por el delito de coacciones simples; y un año de prisión condicional por resistencia a la autoridad para Fabián Monzón.

Lo hechos que se ventilaron en el debate oral y público -entre el 22 y el 29 de octubre- en los tribunales de Paraná trataron de dilucidar qué sucedió entre el 5 y el 7 de junio de 2017 en el nosocomio. El problema se desencadenó con la baja de una enfermera, Yanina Migueles, cuya reincorporación fue solicitada de manera coercitiva por el gremio y contó con el posterior aval del entonces ministro, ahijado político del diputado y titular de UPCN, José Allende.