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l gobierno entrerriano acudirá a la conciliación obligatoria del Poder Judicial para "garantizar el derecho a la educación" en el marco de la negociación paritaria con los sindicatos docentes, dentro de la cual la última noticia fue el rechazo de la Asociación Gremail del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) a la última propuesta salarial y la confirmación de un paro de 48 horas para jueves y viernes.

"La dirigencia de AGMER incumplió las condiciones de la paritaria al no notificar su respuesta a la propuesta salarial en la Secretaría de Trabajo y anunciar una medida de fuerza a través de los medios de comunicación en plena negociación. Los días no trabajados serán descontados", anunció el Ejecutivo en un comunicado enviado a INFORME DIGITAL.

Desde la gestión provincial se adelantó que "ante los sucesivos rechazos a las propuestas salariales, la realización de medidas de fuerza que ponen en peligro el derecho a aprender y el incumplimiento de los términos paritarios vamos a pedir las sanciones que correspondan a los dirigentes gremiales" así como "solicitar al Poder Judicial la conciliación obligatoria para que se abstengan de realizar nuevas medidas de fuerza y se convoque a una audiencia de conciliación".

Pese a ello, la presidente del Consejo General de Educación, Marta Irazábal, aseguró que "somos un gobierno de buena fe" y "ratificamos nuestro absoluto respeto al derecho a huelga como lo hemos hecho siempre". Sin embargo, consideró que "en el medio de una negociación salarial paritaria sus miembros deben respetar la reglamentación que tanto ha defendido el gremio, y sin embargo no lo han hecho”. La titular de la cartera educativa insistió en que "por sobre todo nos interesa garantizar el derecho a la educación".

“Ratificamos nuestro absoluto respeto al derecho a huelga como lo hemos hecho siempre, pero en el medio de una negociación salarial paritaria sus miembros deben respetar la reglamentación que tanto ha defendido el gremio, y sin embargo no lo han hecho”, expresó Landó.

Por su parte, el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Gustavo Labriola, admitió: "reconocemos que los incrementos salariales no son los que quisiéramos para nuestros docentes, pero es el máximo esfuerzo que podemos hacer para no generar un desorden financiero que nos impida pagar los sueldos en tiempo y forma como lo venimos haciendo hasta ahora”.

Cabe recordar que los docentes reclaman una recomposición salarial que equipare a la inflación, que según el INDEC alcanzó en septiembre el 32,4 por ciento anual, mientras que los haberes del sector y de toda la administración pública provincial llegaron al 22 por ciento en la liquidación de inicios de octubre. La última oferta oficial fue de un cuatro por ciento sobre el salario de octubre y tres en noviembre, es decir un siete por ciento en dos tramos que alcanzaría el 29 por ciento cuando se cobre a inicios de diciembre.

“Entendemos que la instancia judicial será el último eslabón posible para conseguir el acuerdo que ponga fin a la situación de conflicto”, dijo el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola.

“Se han hecho todos los esfuerzos posibles en conversaciones informales inicialmente y luego en sede administrativa por llegar a un acuerdo con las entidades gremiales que permita el desarrollo normal de la actividad educativa en un escenario económico muy complejo producto de decisiones que escapan a este gobierno provincial”, señaló el funcionario de Economía.