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royecto del Senado Juvenil plantea que funcionarios envíen a sus hijos a escuelas públicas. La iniciativa es autoría de Melina Demerlier, Sofía González y Marianela Núñez, estudiantes de 5º año de la escuela Nº24 Cabildo Abierto, que trabajaron junto a su profesor de Ética, Esteban Araujo. El proyecto es uno de los 30 presentados en la instancia departamental del Senado Juvenil correspondiente a Concordia.  

Plantean la obligatoriedad de que funcionarios opten por escuelas públicas para la escolarización de sus hijos. “Buscamos que haya igualdad entre estudiantes de escuelas públicas y privadas”, remarcaron las alumnas y aseguraron que la iniciativa “tenderá a mejorar la calidad de la educación”, ya que servirá para que los funcionarios “se interioricen y responsabilicen de las carencias que presenta la educación argentina en general y de nuestra provincia en particular”.

Los funcionarios que deberían cumplir con este requisito son el gobernador, el vicegobernador, los senadores y diputados provinciales, los ministros, secretarios y subsecretarios, y los intendentes. Las autoras plantean que el organismo de control sea la Oficina Anticorrupción.

“Comprendemos lo controversial del proyecto. No es nuestra intención desmerecer el trabajo de los funcionarios. Pero creemos que es una medida necesaria en defensa de la educación pública”, afirmaron las alumnas y subrayaron que el objetivo es contar en la provincia con una “educación que brinde igualdad de oportunidades sin discriminación alguna”.

En la exposición del proyecto, las autoras citaron el artículo 75, inciso 19 de la Constitución nacional, concretamente la parte que dice que al Congreso le corresponde “sancionar leyes de organización y de base de la educación (…) que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal”. Al respecto consideraron que actualmente “no está garantizada la calidad de la educación y tampoco la equidad de quienes allí estudiamos”.

Luego explicaron los motivos que las llevaron a elaborar esta iniciativa. “Nuestra institución funciona en un edificio que nos presta una escuela primaria, entonces nos dividimos en turno tarde y noche. Como las aulas no eran suficientes, los profesores tuvieron que hacer un aula de madera en el patio”, relataron. Enumeraron además otros inconvenientes, como “mobiliarios en mal estado, problemas edilicios, no contar con materiales didácticos para obtener una educación de calidad. Esta es nuestra realidad y de muchas escuelas del Departamento Concordia y de la provincia”, afirmaron.

La iniciativa incorpora una “cláusula transitoria para no afectar el año lectivo de los estudiantes” y le otorga al funcionario “un plazo de 12 meses para efectivizar el cumplimiento de los requisitos”.

Por su parte Araujo, profesor de Ética de las autoras de la iniciativa, contó a esta Agencia cómo nació la idea. “A principios de año veníamos hablando del rol que cumplen los funcionarios, y cómo tenía que ser profundamente ético. Clase tras clases llegamos a la conclusión de que, desde ese punto de vista, era una contradicción muy grande que quienes se encargan de legislar y gobernar, no confíen en la educación pública para sus hijos, siendo que es la única que está al alcance de toda la población”, comentó, según publicó Apf.