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a Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), organización nacional que integra la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná junto a más de cuarenta instituciones del país, interpuso este lunes un recurso jerárquico ante el Ministerio de Hacienda de la Nación para impugnar la Resolución 20/2018. Mediante esa disposición administrativa, la Secretaría de Energía de la Nación busca compensar a las empresas productoras de energía por la “marcada variación del tipo de cambio” entre abril y septiembre de este año.

En un comunicado, Adpra expresó que “los Defensores y Defensoras del Pueblo consideran que esta decisión fue arbitraria e inconstitucional porque viola los principios de la Corte de no confiscatoriedad, proporcionabilidad, previsibilidad y gradualidad. Además, se viola el artículo 17 de la Constitución Nacional y los derechos de los consumidores, configurando en términos de la denuncia del fiscal Guillermo Marijuan abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público”.

Por su parte, el Defensor del Pueblo de Paraná,  Luis Garay, consideró un “despropósito” el hecho de que se traslade a los usuarios el impacto de la devaluación en las empresas de gas. En ese sentido, anunció que la asociación que reúne a las Defensorías del Pueblo (Adpra) se reunirá con representantes del Enargas, órgano de control de la prestación de gas, y que espera que el Gobierno nacional dé marcha atrás con la medida.

La resolución de la Secretaría de Energía de la Nación obliga a los usuarios a pagar un cargo extra para compensar a las empresas de gas por la devaluación. “Es un despropósito, una injusticia”, manifestó el Defensor del Pueblo de Paraná, quien afirmó que este martes la comisión directiva de Adpra se reuniría con representantes de Enargas para manifestar el “rechazo a la decisión del Gobierno nacional de trasladar a los usuarios el impacto que la devaluación tuvo en las empresas”.

“Creemos que el Gobierno nacional debe dar marcha atrás con ésto, como lo ha hecho en otras oportunidades, y que no tengamos la necesidad de recurrir a la Justicia porque no es bueno judicializar las cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas”, aseveró, según consignó Apf.

“Se trata de una situación contractual de dos empresas, las distribuidoras y las mayoristas, y fue el Gobierno el que determinó una política económica que derivó en una devaluación”, indicó, al tiempo que añadió: “Esto una injusticia, es algo inédito y es el colmo que el usuario pague las pérdidas que pueden llegar a tener las empresas”, sostuvo. Finalmente dijo: “Sé que algunas distribuidoras plantearon en las audiencias públicas el impacto negativo de la devaluación, pero jamás pensábamos que el Gobierno iba a definir algo así”.