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os pasillos de la Secretaría de Agroindustria son un verdadero hervidero. La novedad es que el malestar no se debe a las protestas que hay sobre Paseo Colón por la ola de despidos, sino a las retenciones móviles que anunció el Gobierno la semana pasada.

Es que el entrerriano Luis Miguel Etchevehere culpó a las agroexportadoras nucleadas en CIARA-CEC porque se adelantaron a la medida y unos días antes inscribieron 8,5 millones de toneladas en el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).

El ministro reaccionó con furia y les solicitó a las firmas documentación que respalde las operaciones. Los empresarios aseguran que las inscripciones se hicieron en el marco de las normas vigentes y que se presentarán ante todo organismo que lo solicite.

Sucede que con las inscripciones de las 8,5 millones de toneladas unos días antes del cierre del registro, las compañías no pagarían unos u$s 140 millones que corresponderían a la nueva tasa anunciada de cuatro pesos por dólar.

Los que están cerca de Etchevehere cuentan que el secretario pasa por sus peores días en el Gabinete dado que, no sólo fue denunciado por defraudación contra la administración pública, sino que en la Casa Rosada vuelven a acusarlo por negligencia. 

Ahora las miradas apuntan contra el jefe de Gabinete de Agroindustria, Santiago del Solar. Se trata de un hombre con extensa trayectoria en AACREA y en la Sociedad Rural (SRA) que algunos le adjudican ser el "monje negro" de Etchevehere.

Del Solar admitió ser el autor de un audio de Whatsapp en el que adelanta al presidente de AACREA, Francisco Lugano, detalles de la medida que finalmente se tomó. Y no solo eso: también reconoció que Etchevehere llamó a otras entidades.

De inmediato se generó un enorme grado de polémica porque Agroindustria no podía comunicar nada hasta la publicación de la medida en el Boletín Oficial dado que rigen los principios particulares del Código de Ética en la Fundación Pública.

El artículo 19 de dicho Código -que habla de "Discreción"- dispone que "el funcionario público debe guardar reserva de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones".